El departamento de Sanidad regulará la extensión de la cobertura sanitaria universal, de forma que tendrán acceso a toda la cartera de servicios las personas que lo perdieron con el real decreto-ley aprobado por el Gobierno central en 2012, fundamentalmente los extranjeros en situación irregular.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, para detallar que se ha instado al Departamento de Sanidad a que, hasta que se elabore la correspondiente disposición normativa, disponga de unas instrucciones que habiliten el acceso a la asistencia sanitaria ordinaria a las personas sin recursos económicos que perdieron este derecho con el Real Decreto-Ley 16/2012.

El objetivo de estas instrucciones será homogeneizar los criterios y el procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria de las personas sin recursos económicos. En concreto, se pretende reconocer una cobertura de la totalidad de la cartera de servicios del Servicio Aragonés de Salud, en igualdad de condiciones de acceso que el resto de asegurados.

Guillén ha recordado que esta medida forma parte del acuerdo de investidura del presidente socialista, Javier Lambán, con Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida y pretende dar cumplimiento al artículo 43 de la Constitución y al artículo 14.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón que establecen el derecho de los ciudadanos a una sanidad "pública, universal y gratuita".

En 2012, "como consecuencia de los recortes" impulsados por el Gobierno del PP, se aprobó un Real Decreto de sostenibilidad del sistema de salud "que excluía de la condición de asegurado o beneficiario a todos aquellos extranjeros que estaban en España sin ningún tipo de autorización".

Entonces, el Ejecutivo autonómico puso en marcha un programa de protección social de la salud pública, que ampliaba la cobertura en algunos supuestos "y que obviamente con las instrucciones que la Consejería de Sanidad va a dictar derogarán ese programa" del anterior Gobierno de Aragón.

En igualdad de condiciones

Ha destacado que con este acuerdo "lo que se produce es el acceso a la totalidad de la cartera de servicios" del sistema sanitario para que todos los ciudadanos "accedan a esta cartera en igualdad de condiciones, también aquellos extranjeros que quedaron excluidos del Real Decreto de 2012" y que ha cifrado en unas 14.500 personas.

Para el actual Gobierno aragonés, el derecho a la salud "es fundamental para la ciudadanía" que tiene también "el derecho a tener una sociedad sana y lo más efectivo" para lograr este objetivo "es invertir en promoción de la salud, invertir en la prevención de la enfermedad y todo esto se tiene que hacer potenciando la atención primaria" para evitar que los problemas "pequeños de salud" se conviertan "en un problema grave para el paciente o para quienes le rodean".

Ha indicado que el decreto aprobado en 2012 incluía en la asistencia sanitaria a los extranjeros que estaban sin autorización que eran menores de 18 años, a mujeres embarazadas cuando daban a luz y en el postparto y a enfermedades graves que hacían que estas personas acudieran a urgencias para que se les atendiese.

"Nosotros lo que hacemos es ampliar ya a todos los casos, a todas las personas extranjeras que están en esta situación y cumplir con ese compromiso de gobierno que teníamos para que todos los ciudadanos accedan a una sanidad pública, universal, gratuita y sin ningún tipo de condicionante", ha remarcado.

"Lo antes posible"

Para Guillén, "esto es una inversión con rentabilidad social, no un coste", y ha señalado que "queremos que las instrucciones entren en vigor lo antes posible", se podrían elaborar en agosto, ha observado.

El consejero ha advertido de que la tarjeta sanitaria la expide el Gobierno de la Nación, por lo que el Ejecutivo aragonés podría ofrecer a estas personas una tarjeta "provisional". Una vez que se disponga de las instrucciones se verán los condicionantes que establece Sanidad, pero ha insistido en que el objetivo de esta medida es que el acceso al sistema sea "universal" y "gratuito".

Los costes vinculados a esta decisión "serían asumibles para el sistema, sin ninguna duda", ha asegurado Guillén, para recalcar que "hay una rentabilidad social en esta medida, de la que nos vamos a sentir muy orgullosos".

Precisamente este miércoles, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, asiste en Madrid a una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la que los consejeros de la Comunidades autónomas gobernadas por el PSOE solicitarán al Ministerio la derogación del Real Decreto-Ley 16/2012.

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