El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha declarado nulo el Plan de Recursos Humanos que el Departamento de Sanidad elaboró en 2013, que obligaba a los médicos a jubilarse forzosamente a los 65 años.

Según opinó este lunes el Sindicato de Médicos de Aragón (Cesm-Aragón), la sentencia da la razón a la organización sindical al considerar "que no es un plan de Recursos Humanos sino un plan que solo regula las jubilaciones, por lo que declara su nulidad, según las tesis que este sindicato ha mantenido durante estos años", explicó Lorenzo Arracó, secretario general autonómico de Cesm-Aragón.

Concretamente, y según información facilitada por el sindicato, el TSJA declara nulo el acuerdo del Gobierno de Aragón de 30 de abril de 2013 que ratifica el acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 9 de abril del mismo año. Este acuerdo aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud en materia de jubilación y prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal de sus instituciones y centros sanitarios.

Destaca su carácter "sectorial"

Asimismo, la sentencia deja sin efecto la resolución del 2 de mayo de 2013 de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud por la que se regula el procedimiento para prolongar la permanencia en el servicio activo al cumplir la edad ordinaria de jubilación forzosa (65 años). Por último, anula la orden de 3 de diciembre de 2013 del consejero de Hacienda y Administración Pública, por el que se da publicidad al acuerdo de 19 de noviembre de 2013 del Gobierno de Aragón por el que se ratifica el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud en materia de jubilación y prolongación de la permanencia en el servicio activo.

Según explicación del sindicato médico, la razón por la que el TSJA declara la nulidad de este plan es que se ha laborado con un carácter "exclusivamente sectorial" y referido solo a la jubilación. "Sin que conste informe alguno del que pueda derivarse la necesidad de reponer efectivos, su distribución geográfica, ni fijar las implicaciones económicas que pueden acarrear las jubilaciones que se pretenden llevar a efecto", apuntó Arracó.

La sentencia no es firme; contra ella puede presentarse recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Algo que ayer aún no había decidido el Gobierno de Aragón. Fuentes del Departamento de Sanidad explicaron que se estudiará la sentencia para adoptar una decisión.

Años de enfrentamiento

El conflicto que enfrenta al Gobierno aragonés con unos 200 profesionales sanitarios de la Comunidad comenzó en el verano de 2013. En esa fecha, primero el Servicio Aragonés de Salud y luego el propio Departamento de Sanidad rechazaron las solicitudes presentadas por médicos en edad de jubilación (65 años), que pedían prorrogar su vida activa.

En realidad, esta medida no solo afectó al personal sanitario de la Comunidad. La Dirección General de Función Pública de la DGA también ha ido denegando todas las peticiones de empleados públicos que querían permanecer en su puesto de trabajo más allá de los 65 años en la Administración General.

Pero el de los médicos ha sido el colectivo más afectado, ya que se calcula que alrededor de 200 facultativos podrían haber sido retirados en contra de su deseo desde julio de 2013, fecha en la que comenzaron a rechazarse todas las peticiones de prolongación de la vida laboral solicitadas por los facultativos.

Desde Cesm se valoró este lunes con satisfacción la sentencia que, en opinión del sindicato médico, anula todas las jubilaciones forzosas decididas hasta ahora. En opinión de la central, Sanidad deberá reintegrar en sus puestos a los facultativos.

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