Los tres grupos de la oposición de las Cortes de Aragón, PSOE, CHA e IU, han rechazado este jueves la gestión que ha realizado el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno autonómico, Ricardo Oliván, de la atención a la dependencia, señalando que hay menos beneficiarios que cuando comenzó la legislatura.

En la comparecencia de Oliván durante la sesión plenaria de las Cortes, la diputada socialista María Victoria Broto ha afirmado que la Comunidad Autónoma tiene "el triste y cruel récord" de ser la primera en "el desmantelamiento" de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que ha sido "un paso importantísimo en el Estado del Bienestar".

La parlamentaria ha comentado que muchos dependientes que están esperando la prestación han recibido una carta del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en las que les pide que elijan una empresa acreditada para recibir los servicios reconocidos por no estar disponible la ayuda a domicilio. Ha preguntado cómo se han acreditado estas empresas y si han cumplido la legislación.

Se ha remitido a los informes de la Cámara de Cuentas, el Justicia de Aragón, el Espacio de Servicios Sociales y el Tribunal de Cuentas para echar en cara al consejero que el 30% de los aragoneses dependientes carecen de prestaciones.

Ha dicho que a día de hoy reciben la atención reconocida en la Ley 3.022 personas menos que cuando comenzó la legislatura, ya que son 17.076 y en 2011 eran 20.098, lo que supone el "abandono" de los dependientes y sus familias. Además hay 16.000 personas que tienen reconocido su derecho a la prestación y no la reciben.

Broto ha negado todo valor a la política del Departamento, centrada en dar servicios y no prestaciones económicas, al indicar que el 57 por ciento de los beneficiarios acceden a estos servicios y que no se han desarrollado ni la prevención, ni la teleasistencia ni la ayuda a domicilio.

Desde que gobierna el PP, ha continuado María Victoria Broto, se pagan 6.294 prestaciones menos en el entorno familiar y 1.113 ayudas vinculadas al servicio menos, a lo que se suman 28 plazas residenciales menos, aunque ha reconocido que hay 241 personas más atendidas en centros de día.

Además, el Departamento no ha cumplido los plazos de resolución, ha dicho Broto, aludiendo al informe de la Cámara de Cuentas correspondiente a 2012 y 2013, ya que la media ha sido de 473 días el primer año y 531 el segundo, lo que conlleva una deuda acumulada de 19 millones en 2012 y 25 en 2013.

Ha ironizado al decir que la gestión de Oliván "ha sido un éxito si pretendía desmantelar este derecho". Ha considerado que falta "voluntad política".

"Democilión"

Patricia Luquin ha preguntado al consejero en base a qué acto legal o administrativo se sostiene la oferta plasmada en la carta enviada a los dependientes y se ha preguntado cómo una persona beneficiaria puede contratar este servicio sin saber qué programa de servicios se le reconoce.

Ha agregado que el precio del servicio que se oferta es de 17,6 euros la hora, lo que significa que para un dependiente de grado II supondría un gasto de cerca de 900 euros al mes por 1,5 horas de servicio al día.

La portavoz de IU, Patricia Luquin ha resaltado que, según la Cámara de Cuentas, 3.000 aragoneses han fallecido mientras esperaban recibir asistencia por su situación de dependencia y ha aseverado que con Oliván "vamos al abismo, a la demolición controlada de la dependencia en Aragón".

Luquin ha considerado que el PP no ha creído "nunca" en esta Ley y que falta oferta en más de la mitad de los servicios, tras lo que ha afirmado que el Gobierno regional ha sido incapaz de poner en marcha la atención a la dependencia.

La parlamentaria de CHA Carmen Martínez ha criticado el "retroceso" en la aplicación de esta ley, asegurando que "estamos en el furgón de cola" y que muchas personas están sin prestación. Ha pedido "humildad" al consejero.

Carmen Martínez ha traído a colación el informe de la Cámara de Cuentas para criticar la falta de consignación presupuestaria para atender la dependencia, subrayando que se han reducido los ingresos del Gobierno de España. Ha preguntado al consejero si con la previsión presupuestaria de 2015 se podrán atender todos los pagos.

Convenio

Sobre la carta enviada por el IASS, el consejero ha dicho que la "preocupación" suscitada "tiene bastante que ver" con la negativa del Ayuntamiento de Zaragoza a firmar el convenio para desarrollar la ayuda a domicilio, añadiendo que "a los zaragozanos dependientes hay que darles una solución".

Oliván ha recordado que el Gobierno de Aragón tuvo que devolver al Ejecutivo central 14 millones de euros porque en mayo de 2011 había 27.536 beneficiarios computados y solo 20.232 reales.

Además, las necesidades de gasto "no eran acordes con la consignación presupuestaria", el presupuesto de 2011 para prestaciones era de 84,7 millones y "tuvimos que implementar" otros 13,4 para garantizar el pago a quienes tenían este derecho reconocido.

El Ejecutivo regional ha priorizado la atención a los grandes dependientes y ha participado en la homogeneización de la interpretación de la Ley. Ha apuntado que según el Tribunal de Cuentas "hay una anómala distribución" entre servicios y prestaciones económicas.

Entre 2011 y 2015 ha habido 649 plazas más para mayores y otras 294 para discapacitados. Sobre el retraso en la resolución de las solicitudes, de 882 días según la Cámara de Cuentas, Oliván ha dicho que entra dentro del plazo legal, de 912 días.

Sobre la teleasistencia, ha indicado que él personalmente ha ofrecido colaboración a los presidentes de las Diputaciones Provinciales y el de Huesca, Antonio Cosculluela, la ha rechazado.

También ha señalado que Aragón supera la media española en atención residencial y en prestaciones económicas vinculadas al servicio. El objetivo del Gobierno es acercar los servicios al 65 por ciento y actualmente la Comunidad está en el 48 por ciento, "nos queda mucho por recorrer".

Ricardo Oliván ha apostado por establecer como "excepcionales" las prestaciones económicas en el entorno familiar, que se valore la calidad de los servicios, "no la cantidad" y que se tenga en cuenta el coste por dependiente para aproximar el gasto en Aragón a la media nacional.

Una prestación económica en el entorno familiar le supone al IASS 289,66 euros al mes de media, una prestación vinculada al servicio 458 y una plaza residencial 1.464, ha resaltado el consejero, subrayando que "dar de alta siguiendo lo que dice la Ley cuesta más dinero y es más complicado", pero "supone cumplir la Ley".

Desde el PP, Carmen Susín ha señalado que durante esta legislatura la Comunidad ha reducido las prestaciones económicas, pasando del 37,69 por ciento al 48,40% en 2014. Ha apuntado que cuando comenzó esta legislatura "hubo que dar de baja a fallecidos" que figuraban como beneficiarios.

En representación del PAR, Manuel Lorenzo Blasco ha señalado que la Ley "no satisface a todos, falta mucho por desarrollar, falta un gran número de perceptores a los que llegar" y ha dejado claro que a su grupo le parece "correcto" sustituir las prestaciones en el entorno familiar por los servicios.

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