Podemos pide reducir la edad de jubilación de las auxiliares de ayuda a domicilio

Podemos ha reclamado este jueves al Gobierno que tome medidas para la prevención de la salud laboral y la reducción de la edad de jubilación de las auxiliares de ayuda a domicilio por su alto grado de exposición a riesgos laborales y el "desamparo" que sufren por la precariedad de su trabajo.

Lo ha hecho en una proposición no de ley que ha registrado este viernes en el Congreso en la que recoge las demandas de este colectivo, con el que se reunió el pasado mes de octubre, y que no pueden continuar "siendo desatendidas".

Así, en su exposición de motivos, Podemos alega los riesgos ergonómicos para las trabajadoras de este sector, derivado del alto nivel de esfuerzo físico que deben hacer y que las hacen más vulnerables a lesiones músculo-esqueléticas.

Tras ellos, vienen los riesgos psicosociales y biológicos, dado el desgaste "psíquico" de estas mujeres, que asumen una gran responsabilidad sin el apoyo de sus empresas y de los ayuntamientos, y la exposición a agentes infecciosos que "frecuentemente transportan" los usuarios de sus servicios, lo que implica "un riesgo importante de transmisión de enfermedades".

"El principal problema en materia de prevención de riesgos laborales es que no hay una evaluación efectiva de los riesgos laborales del trabajo, porque no se evalúa el lugar de trabajo real, es decir, los domicilios", algo que, según Podemos, aumenta la probabilidad de sufrir accidentes laborales.

Y es que la siniestralidad laboral es elevada en el sector: según estudios realizados por organizaciones sindicales, el 74% de las trabajadoras del SAD aseguran haber tenido que acudir a consulta médica durante el último año por causa de una patología derivada del trabajo.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, tales patologías no se imputan a contingencias profesionales al no estar reconocidas las enfermedades profesionales asociadas a su actividad, atribuyéndose sus dolencias y lesiones "a causas comunes de forma injusta".

Por todo ello, el partido cree que concurre un factor "de excepcional penosidad" en las funciones que deben realizar las trabajadoras del SAD, por lo que emplaza al Ejecutivo a aprobar en el plazo de un año un real decreto que anticipe su edad de jubilación.

También quiere que promueva cambios normativos específicos en la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para establecer la obligatoriedad de realizar evaluaciones de riesgos laborales específicas en los domicilios de los usuarios.

Por último, reclama una subida "sustancial" de la aportación de la Administración General del Estado al Sistema de Dependencia en los próximos Presupuestos Generales del Estado.