Cada vez son más quienes alertan del reto que entraña la Inteligencia Artificial en los más diversos ámbitos. Y entre ellos, qué duda cabe, en el político e institucional.

La manipulación electoral a partir de perfiles ideológicos es ya una realidad, el recurso a Chat GPT o sucedáneos para la elaboración de las intervenciones parlamentarias es hoy perfectamente posible y no sabemos cuánto queda para que la adopción de una política pública la determine un algoritmo que ha tenido en cuenta todas las variables en juego. A esto último se le empieza a conocer como posdemocracia digital, y está adelantando por la derecha, a una velocidad increíble, a la e-democracia, que proponía de forma timorata el recurso a las TICs -¡qué milenial suena lo de las TICs!- para favorecer la participación ciudadana en el gobierno de lo común.

Desde el plano teórico, la toma de decisiones públicas por parte de la inteligencia artificial no plantea problemas muy diferentes a los propios de la tecnocracia, pero estos no son en absoluto menores. La democracia no es el sistema político menos malo porque dé lugar a los mejores resultados, sino porque el proceso que lleva a la toma de decisión es el mejor en términos de legitimidad. Y esto es, precisamente, lo que puede estar en juego próximamente. La revolución tecnológica, lejos de contribuir a la profundización democrática -como se pudo pensar-, constituye un desafío de primer orden para el sistema constitucional y su regulación no se puede demorar.