El Gobierno tramita por vía urgente la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda que ha acordado con Bildu y ERC. La nueva ley quiere aprobarse antes del 28 de mayo e implanta medidas de calado: pone topes al alquiler en las llamadas ‘zonas tensionadas’ obligando a la actualización anual de la renta por debajo del IPC, igual para contratos ya en vigor como para nuevos; baja de 10 a 5 las propiedades para ser considerado un gran tenedor; protege al inquilino ante desahucios y elimina las cláusulas de acuerdo entre las partes que permitan la no aplicación de las medidas de esta ley.

Este modelo se usó en Berlín y los efectos nefastos podrían hacernos reflexionar. De antemano, es cuestionable que a nivel de ley de Gobierno pueda regularse la relación entre particulares, y recordemos que la Constitución española reconoce el derecho a la propiedad privada; además hay pequeños propietarios que han invertido sus ahorros en adquirir pisos como forma de complementar su pensión, y lo que podía ser una gestión rentable de ahorros se convierte en una inversión condicionada por el límite a la revalorización de la renta y la desprotección en el caso de inquilinos que no paguen.

La ‘okupación’ ilegal sigue sin resolver y además se ha sofisticado con la moda de firmar un contrato de alquiler legal pero con intención de no cumplirlo y sin forma de sacar al ‘okupa’. Pero aunque esta es una ley estatal, su desarrollo y aplicación los decide cada Comunidad, que debe determinar cuáles son sus zonas tensionadas (o sea, dónde limitan el alquiler), y si no lo hacen ni desarrollan el decreto es como si no existiera la ley, pero ya habrá creado efectos contraproducentes, y si el parque de pisos en alquiler ya es reducido, ciertos riesgos harán que se reduzca más.

Unas comunidades rechazan aplicarla y otras por afinidad de partido sí la aplicarán. O sea, más desigualdad entre territorios: unas CC. AA. con desinversión tanto de viviendas construidas como de futuras construcciones, mientras otras serán objeto de mayores inversiones en detrimento de las anteriores. Lo que debe regularse son los alquileres turísticos, y no meter todo en el mismo saco. A días vista de elecciones y final de legislatura, ¿es razonable sacar leyes de tal calado como esta de la vivienda?

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