La semana pasada el Gobierno anunció con bombo y platillo el acuerdo alcanzado para aprobar una nueva ley y uno ya no sabe si reír o llorar. La reacción más lógica será una risilla nerviosa acompañada de un pequeño tic en el ojo, a lo Martes y Trece. 

Que se apruebe una nueva ley debería ser motivo de curiosidad, interés y estudio, pero en nuestro país, en los últimos años, lo natural es ponerse a cubierto y santiguarse por lo que pueda venir, a la vista de las chapuzas legislativas que se vienen perpetrando. Y de que cada vez que los voceros del poder abren la boca sube el pan. Literalmente.

La última de esas pifias fue la publicación en el BOE –un mismo día– de dos leyes con dos versiones distintas, aunque similares, de una misma norma. Sería una anécdota sin importancia, útil para amenizar las clases de Derecho, si no fuera el enésimo ejemplo de una deriva caracterizada, como ya hemos dicho en otras ocasiones, por el deterioro institucional y jurídico. Hay casos muy sonados, como los decretos del confinamiento, la ley del ‘sólo sí es sí’ o la llamada ley ‘trans’. Pero no son los únicos. Y la de vivienda parece ser la que se avecina. Lo curioso es que en todos los casos el único criterio para evaluar las políticas legislativas es la buena intención (que siempre se le presupone, claro) del poder. De la del ‘sólo sí es sí’ se ha insistido en que es una ley buenísima a pesar de producir malísimos efectos, con el único argumento de que esos efectos son indeseados. ¿E imprevisibles? De la ley ‘trans’ se nos repite que las distorsiones que está generando son fraudes a la propia ley, cuando es la ley la que en cierto modo ha venido a disolver la misma noción de fraude. El argumento común es que como el propósito del legislador es bueno, la ley lo es, aunque sea una chapuza de dimensiones estratosféricas. ¿Se imaginan que la Administración nos juzgara así a los ciudadanos? Mmm...

En fin, que llevamos años de un minucioso y denodado empeño de demolición del Estado de derecho y con el acuerdo de la ley de vivienda a las puertas de la convocatoria electoral parece como si quisieran morir matando: "Para lo que nos queda en el convento...". Aún está por ver cómo quedará la letra de la ley pero ya se nos ha anunciado su espíritu, que es lo que cuenta, y todo apunta a que quien va a arreglar el problema de la vivienda en España es, como en los tebeos, Pepe Gotera y Otilio, decretos y leyes a domicilio. Por lo que sabemos los ejes de la norma son la limitación de los precios de los alquileres (como con Franco, con perdón) y la de los desahucios. Lo que en lugar de favorecer la seguridad jurídica y animar el alquiler, puede ahuyentarlo. No cabe duda de que el derecho a la vivienda es un principio rector de la política social y económica, pero ¿es esta la manera en la que debe ser abordado?

Imaginen que en un descuido alguien les coge la cartera. Al darse cuenta, avisan a un policía que pasa por allí pero este, en lugar de reclamar la cartera, protege al descuidero, argumentando que con lo que usted llevaba en la billetera esa persona verá satisfechos sus derechos. Imaginen que el ‘ladrón’ (no podemos llamarle así, claro) se pone a hacer uso de la tarjeta de crédito, pero a usted le prohíben anularla o bloquear la cuenta del banco, porque eso podría interpretarse como una amenaza hacia el actual poseedor de su cartera. No sabemos si el nuevo dueño de la misma es un caradura o una persona necesitada; o las dos cosas. Pero, aunque sólo sea lo segundo ¿es usted, que pasaba por ahí, que viene pagando religiosamente sus impuestos de renta y patrimonio para que resuelvan esas necesidades, quien debe atenderlo?, ¿y por qué no otro con una cartera más abultada?

Te puede interesar

Fue crucificado

Dios lo ve

Pues algo así nos dicen que es la solución al problema de la vivienda. Es la nueva política social: el atraco como medida de redistribución. Puede que no salga bien. De hecho, la mayoría de los expertos insisten en que, a la vista de la experiencia no saldrá bien y será una nueva versión del ‘efecto Mateo’ (los que más pueden verán reforzado su estatus; los que menos pueden se verán desprotegidos), pero ya saben que lo que cuenta en política social es la intención, no los resultados. O puede que el propósito real no sea solucionar el problema de la vivienda ni nada por el estilo, sino seguir con la tarea de deterioro y demolición institucional, para que usted no pueda confiar en nada ni nadie, caldo de cultivo perfecto para la tiranía. De la que se avecina.