Trabajo y desempleo

Requisitos para recibir el subsidio para mayores de 52 años
Trabajo y desempleo
A. Pérez Meca / Europa Press

Los datos más recientes del INE en su Encuesta de Población Activa indican que hay 3.023.900 parados en España, lo que representa el 12,87% de paro. 

Nuestro país acabó 2022 con la mayor tasa de desempleo de la UE, casi doblando la media de la eurozona, que está en un 6,5%, y seguida por Grecia (con un 11,4%) e Italia (7,8%).

El paro en España es un mal endémico, arrastrado durante décadas. Con unas cifras tan altas, resulta paradójico que haya reclamaciones habituales de organizaciones empresariales de todos los sectores afectadas por la escasez de trabajadores cualificados y no cualificados. Según informe de final de 2022 de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), son sobre todo autónomos y pymes de hostelería y comercio los sectores a los que más les cuesta encontrar trabajadores. A la cifra tan importante de parados en España se suma el alto número de personas de diversos colectivos que reciben subsidios del Estado, lo que supone un volumen de gasto enorme a costa del erario.

Hace unos días el secretario general del sindicato UGT expresó la necesidad de reforzar el control de la prestación por desempleo y de aplicar las sanciones a desempleados así como a beneficiarios de subsidios que rechacen ofertas de empleo o de formación; indicó también que es más productivo para el país dar la formación para la cualificación que se necesita y procurar que encuentren empleo las personas que están aquí en paro, antes que ir a contratar fuera.

En efecto, hay que hacer algo y debe ponerse solución a una dinámica estancada con falta de estrategias para la generación de empleos en España. El Estado tiene la responsabilidad de hacer políticas de formación para cubrir las necesidades de la economía del país y además de adiestrar y orientar a la búsqueda de empleo a quienes están parados o cobrando subsidios.

Las declaraciones del secretario general de UGT están cargadas de sentido común y el Gobierno debería hacer autocrítica en vez de rechazar que se denuncie la situación. ¿O no urge solucionar el problema con una política activa y seria desde el Gobierno para generar las oportunidades de encontrar trabajo que necesitan las empresas, los trabajadores y el país?

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