Cuarenta años de Parlamento
El 20 de mayo de 1983 se constituyó el primer Parlamento aragonés de la era moderna. Como tributo a la historia de la Comunidad, recibió la denominación de Cortes de Aragón.
Una de las primeras decisiones que se adoptó fue la determinación de su sede. Consciente de la relevancia simbólica del edificio, el legislador decidió que la Institución se ubicase en el Palacio de la Aljafería. Inmediatamente, se inició un proceso ejemplar de restauración que se culminó en la IV Legislatura. Hoy, la Aljafería es no sólo seña de identidad de la Institución parlamentaria aragonesa sino también de Zaragoza y de todo Aragón. Se puede afirmar que la Institución y el monumento se han enriquecido y enriquecen mutuamente.
Junto a esta relevante circunstancia, el Parlamento aragonés se ha caracterizado desde su inicio por dos características de gran transcendencia política. La primera es la constante fragmentación que siempre ha caracterizado su composición. En un Parlamento de 67 diputados, nunca ha habido menos de 5 grupos parlamentarios. En la actualidad, son 8. Con todo, lo realmente singular es la estabilidad política que, a pesar de ello, ha caracterizado a la Comunidad Autónoma. Un hecho directamente vinculado con uno de sus rasgos políticos más inotables: la facilidad para alcanzar acuerdos. Acuerdos de gobierno y acuerdos transversales con la oposición.
La segunda característica es que esa fragmentación no ha ido acompañada de polarización y crispación. De forma generalizada, los debates parlamentarios han transcurrido dentro de los cauces exigidos por la cortesía y por el adecuado desenvolvimiento de las instituciones democráticas. Es normal que este clima sufra altibajos y que, por ejemplo, se tense cuando se aproxima una cita electoral. Pero todos los protagonistas deberían ser conscientes de su valor y de la necesidad de preservarlo. Entiendo que estos dos rasgos han definido esencialmente el devenir político de la institución parlamentaria aragonesa. Uno de ellos, permanecerá porque es reflejo de la complejidad política de la Comunidad; la conservación del otro es deber de los distintos actores.
Desde estas premisas, es preciso mirar al futuro. Hacerlo debe suponer tanto la voluntad de corregir deficiencias como la de afrontar las exigencias de un modelo social que demanda cambios en el funcionamiento de la institución parlamentaria. Aludiré a las dos principales funciones de las Cortes. En relación con la función legislativa, la reflexión, como en todos los parlamentos, debe ser profunda. Se legisla en exceso. Demasiadas leyes no se aplican y muchas son, básicamente, ejercicio de retórica. También se usa en demasía el decreto-ley. Es una tendencia generalizada y hay que insistir en la necesidad de desarrollar un principio de autocontención. Finalmente, no debe desdeñarse el hecho de que esa legislación profusa no ha logrado amortiguar una significativa sensación de distancia del Parlamento con los ciudadanos. Sensación que transciende a la política aragonesa pero que no deja de afectarla.
En relación con la función de control, debe pensarse una profunda renovación de la forma de ejercer esta función. Los instrumentos y procedimientos a su servicio permanecen sustancialmente inalterables y necesitan una profunda mejora de su funcionalidad. En este sentido, la colaboración con instituciones como la Cámara de Cuentas o el Justicia puede ser importante. También debería serlo incorporar a la institución nuevos instrumentos relacionados con los avances tecnológicos.
El Parlamento es una institución necesaria para preservar los valores que consideramos imprescindibles para vivir en común de forma civilizada. Pero esa institución, como la propia democracia, necesita renovarse y adaptarse a una sociedad en profunda transformación.
Las Cortes de Aragón pueden celebrar con satisfacción merecida su cuarenta aniversario. Pero ello sólo debe ser acicate para diseñar el Parlamento de un futuro que es presente; para diseñar un Parlamento que debe ser motor del cambio institucional que exige la sociedad.
