Es muy poco probable que Vladímir Putin llegue alguna vez a ser juzgado por los crímenes de guerra que militares o funcionarios rusos hayan cometido en Ucrania. 

Sin embargo, el trabajo del Tribunal Penal Internacional (TPI), que ayer dictó una orden de arresto para el presidente de Rusia, no carece de valor. Tiene una significativa implicación moral y jurídica, porque la comunidad de naciones debe mantener y defender, incluso en situaciones de guerra, la vigencia del Derecho internacional.

La invasión de Ucrania en sí misma supone una grave violación de las leyes internacionales. Pero además, desde las primeras fases de la contienda aparecieron indicios de que las fuerzas rusas podían estar cometiendo crímenes de guerra contra la población civil. Y tampoco se debe descartar que se hayan producido conductas igualmente delictivas por parte de soldados ucranianos. La obligación del TPI y de la comunidad internacional es investigar e intentar esclarecer las denuncias. Y esta orden de detención dictada contra Putin y contra una alta funcionaria rusa se relaciona además con posibles delitos especialmente execrables, como la deportación forzada de niños ucranianos a Rusia. Moscú no reconoce el Estatuto de Roma, base jurídica del TPI, y, en cualquier caso, hay que descartar que, incluso después de que dejara la presidencia, un gobierno ruso fuera a entregar a Putin al Tribunal. Cabe preguntarse, por otra parte, cómo puede influir la incriminación del tirano en la evolución de la guerra y en las esperanzas de una solución negociada, que hoy parece muy lejana. La visita del líder chino, Xi Jinping, el próximo lunes puede reforzar a Putin, mientras que países occidentales prometen a Ucrania tipos de armas más sofisticadas, como aviones de combate. Mientras continúa la guerra, sin embargo, el TPI debe proseguir también su labor, para sostener los principios de los derechos humanos y del Derecho internacional.