La semana pasada sostuve en este espacio que el profesorado de los centros públicos de infantil y primaria viene usando espuriamente la pedagogía, para lograr mejoras laborales. 

Y creo que no aclaré bien que dicha conducta es inducida por el Gobierno de Aragón, al conceder la oportunidad de suprimir las clases de las tardes, a cambio de un ‘proyecto educativo’ en cada colegio. Desde luego, resistirse a tal tentación roza lo heroico.

A la vez, en un intento de no asumir su responsabilidad, las autoridades dictaminan que, además de un proyecto educativo, el cambio de jornada en un centro tiene que contar con el apoyo del 55% de su clientela adulta, una mayoría mínimamente cualificada que ya se ha alcanzado en casi todas partes. Y de modo irreversible, pues solo el profesorado está legitimado por la norma actual para iniciar un hipotético regreso a la jornada partida.

Por otra parte, la semana pasada tampoco aludí específicamente a la ciudadanía que, después de haber optado por la educación pública, viéndose muy democráticamente sometida a una imposición sobrevenida, ahora tiene que afrontar un modelo de escolarización que, de habérselo podido permitir, no hubiera elegido. Como si en democracia los derechos adquiridos y los de las minorías no contaran.

Creo que todo esto es otra evidencia más de que nuestro país, con el ejemplo de la clase política de todo signo acudiendo a centros para privilegiados, está apostando por una enseñanza privada y concertada a la carta, en detrimento de la pública, que se margina y precariza también desde sus propias entrañas.