No existe un modelo cerrado, un estándar que haya que seguir para financiar y definir la ubicación de una pieza urbana tan vertebradora como es un gran campo de fútbol. Los hay públicos, privados, sujetos a concesión, localizados dentro y fuera de las ciudades y hasta, como en el caso del último Mundial de Catar, desmontables, de quita y pon. 

Cada estadio atiende a su particular criterio de financiación, pero todos ellos guardan en común su aspiración por competir en la concurrida liga de los grandes acontecimientos deportivos.

La Romareda es un estadio vetusto, alejado de todo atractivo y sujeto desde hace años a un permanente debate sobre su remodelación. Zaragoza habla de su campo con el cariño que han dejado las grandes gestas deportivas, pero también consciente de que su vida útil está agotada.

Superada la decisión sobre su necesidad y emplazamiento, la discusión se centra en quién paga y de qué forma el campo. Sin acuerdo entre las administraciones públicas para hacerse cargo del presupuesto, los actuales propietarios del club aseguran estar dispuestos a financiar un nuevo estadio a cambio de su explotación comercial. La propiedad del suelo, siempre pública, no está en discusión. El motivo del litigio entre PP y PSOE es qué ocurre con el edificio que se levantará durante los 75 años que se prevé que dure la concesión.

Durante años se ha naturalizado la crispación como parte del debate sobre la nueva Romareda. Proyecto estrella del alcalde Jorge Azcón, el PSOE ha buscado su retardo sabedor que la presentación de la reforma en periodo electoral era una baza política difícil de contrarrestar. Sin consenso, y sin participar en un reparto ajustado de los protagonismos, algo que seguro habría permitido que hoy nos encontrásemos ante otra situación, se ha jugado a extender la duda sobre la legalidad de la tramitación del proyecto e, incluso, sobre las ganancias y la rentabilidad que la actual propiedad del Real Zaragoza puede lograr con la explotación.

En las posturas que enfrentan a Jorge Azcón con Javier Lambán, a los dos candidatos al Gobierno de Aragón, al PP y al PSOE, al Ayuntamiento y a la DGA (cada uno de estos planos por separado y todos solapados), nada es inocente. La presión ejercida por la Federación Española de Fútbol para conocer si el campo estará listo para el Mundial de 2030 beneficia al alcalde, algo de lo que Lambán es consciente y contra lo que buscó revolverse meses atrás. En junio se deberá saber si hay proyecto de campo y si los plazos están alineados con los criterios de la Federación. Bajo este pretexto, Azcón se resiste a apartar del debate electoral el campo, sabedor de que las diferencias y hasta la crispación también juegan en campaña.

La distancia adoptada por la DGA le ha permitido a Lambán introducir una serie de dudas sobre el proyecto y su tramitación. Pese al miedo a un supuesto pelotazo o a un abuso por parte de los nuevos accionistas, expresado con abierta ligereza por el presidente Lambán en varios mensajes, el Gobierno aragonés no ha buscado una fórmula para incorporarse a la explotación del futuro campo ni ha presentado una alternativa. Hasta la fecha, y sin concretar, solo la candidata socialista al Ayuntamiento, Lola Ranera, ha lanzado una propuesta electoral en la que asegura que en caso de gobernar habrá una nueva Romareda con "control municipal" (una concesión administrativa a 40 años que el club rechaza). Nada hubiera ocurrido si la DGA y el Ayuntamiento hubiesen formado parte de una sociedad mixta en la que los poderes públicos, sin necesidad de contar con una gran participación, hubieran dispuesto de una acción de oro con capacidad suficiente como para vigilar tanto la construcción como la explotación. Desestimada esta posibilidad, no hay duda de que se debe ser exigentes en el control de la tramitación, pero igualmente no se debe caer en la inocencia de pensar que quien invierte 140 millones en un campo no busca un retorno. Asustar al inversor, complicar la tramitación o sembrar dudas sobre la seguridad jurídica es un sinsentido.

Dejar en manos de un operador privado la construcción del campo ha sido el resultado de un desacuerdo entre el Ayuntamiento y DGA. Adoptada esta decisión, conviene recordar que en quien se deposita la responsabilidad de levantar el campo es, precisamente, en el Real Zaragoza. Es probable que la propiedad del club cambie de manos en los próximos 75 años, y con ello la sociedad que gestione el campo, pero eso no implicará, si todo se hace conforme a derecho, que la nueva infraestructura no siga siendo explotada por el Real Zaragoza, un club, que conviene no olvidar, camina por la competición fuertemente condicionado por una frágil situación económica que le impide abandonar un permanente estado de petición de ayuda a las administraciones.

Después de más de 20 años de discusiones y varios proyectos fallidos, la legítima pugna electoral no debe frustrar de nuevo la voluntad de los zaragozanos de contar con un moderno estadio deportivo.