Por
  • José Luis Alonso Gajón

Constitución, excarcelaciones y reincidencia

Constitución, excarcelaciones y reincidencia
Constitución, excarcelaciones y reincidencia
Heraldo

Me resulta extraño que nadie cite la Constitución en la virulenta polémica sobre las excarcelaciones de presos condenados por violencia sexual. Porque ese gran marco de convivencia democrática que nos dimos en el 78 es tajante al afirmar en su artículo 25.2: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social".

Que los que defienden un sistema carcelario puramente punitivo no la citen me parece lógico pero, por el contrario, veo inexplicable que los que han optado por dar más preponderancia a la atención a la víctima que a los años de cárcel para los agresores sexuales no apelen al mandato constitucional. No lo puedo entender.

¿Será porque unos y otras no creen que nuestro sistema penitenciario esté cumpliendo su labor de reinserción social? Tal vez sea así, pero ello implicaría que el Gobierno y los partidos que aprobaron la ley en el Congreso y el Senado desconocen el estudio sobre reincidencia elaborado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que revela que el 80,02% de los presos que salen en libertad no vuelve a delinquir.

El estudio no se realizó sobre una muestra sino sobre la población entera de las 19.909 personas que fueron excarceladas en 2009 y a las que se ha seguido su trayectoria para conocer cuántas reingresaron en prisión en los siguientes diez años, para cumplir condena por un delito cometido tras su puesta en libertad.

El estudio ha permitido conocer datos que desmontan muchas de nuestras creencias. Por ejemplo, que la tasa de reincidencia entre la población extranjera no es mayor sino la tercera parte que entre la española: un 7,92% frente a un 24,83%. Otro dato muy significativo es que el régimen abierto en las fases finales de la condena disminuye la tasa de reincidencia a la mitad frente a los que no han tenido: una de cada ocho frente a una de cada cuatro.

Desmiente también nuestra creencia de que los agresores sexuales vuelven siempre a cometer este mismo tipo de delito, porque la realidad es que solo uno de cada veintiséis condenados lo hace. Por tanto, cuando se llegue a 50 excarcelados, por aplicación de la nueva ley, solo una media de dos volverán a atacar a una mujer. Por desgracia serán otros dos que añadir a las más de tres mil condenas por agresión sexual que se produjeron en España en el año 2021. Y hablamos de condenados, no de delitos cometidos que, se estima, pueden ser diez veces más. Esto nos revela una realidad intolerable que requiere medidas muy profundas para erradicarla.

Por tanto, no parece que el núcleo del problema esté en un poco más o menos de tiempo en la cárcel, sino en proteger a todas las víctimas, a las que denuncian y a las que no lo hacen, en no imponerles a las primeras un calvario para demostrar su inocencia (sí, a veces se las ha tratado como si fueran ellas las delincuentes), en acompañarlas con medios suficientes en su recuperación psicosocial y económica, en formar a las personas que las van a atender o a participar en el proceso judicial.

En el debate sobre la rebaja de penas a consecuencia de la ley del ‘solo sí es sí’, se debería tener en cuenta la función de reinserción social que han de tener las condenas

También, en una labor, por desgracia lenta, de ir cambiando nuestros patrones sociales y personales de sexualidad, tan machistas, por otros más igualitarios y libres para ambas partes.

Y, por el otro lado, en seguir mejorando la reinserción social y la disminución en la reincidencia de los agresores, porque uno de cada veintiséis sigue siendo inaceptable socialmente.

Todo ello me lleva a pensar que si queremos garantizar la convivencia democrática y un Estado de derecho que proteja el ejercicio de los derechos humanos, debemos evitar el proponer medidas que van directamente contra el espíritu y la letra de la Constitución del 78, como lo es la prisión punitiva. Prisión punitiva que no solo algunas víctimas, lo cual es humanamente comprensible, sino también algunos representantes políticos reclaman abiertamente y que, si por desgracia se aplicara, no solo no disminuiría sino que aumentaría la proporción de reincidentes.

Una vez más nuestra Constitución, que con sus 45 años es la que más ha durado en la historia de España, nos vuelve a marcar el rumbo correcto que nadie deberíamos abandonar. Al menos los que creemos en la democracia y en los derechos humanos de todas las personas.

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