Paisaje y energías
Si alguien no lo remedia, la instalación de grandes parques de energía renovable, eólica y fotovoltaica, en el Bajo Aragón se va a llevar a cabo en contra de la voluntad de los municipios implicados y de la inmensa mayoría de sus vecinos.
Sería muy triste que ese paso gigantesco –así calificado por quienes lo promueven– en la producción energética se haga con la oposición de la ciudadanía afectada.
Recientemente, siete municipios del Matarraña han aprobado en pleno impedir la construcción de macrocentrales. Valjunquera, La Fresneda, La Portellada, Valdeltormo, Valdealgorfa, Ráfales y Fórnoles no aceptan un despliegue masivo de instalaciones solares y eólicas. Solicitaban al Ministerio para la Transición que no declarase de utilidad pública los proyectos. Si el Ministerio lo aprueba, dejaría de contar la voluntad de los ayuntamientos. Por si acaso, los municipios han paralizado durante un año todas las licencias de obras en fincas rústicas, con la exención de la actividad agrícola y ganadera.
Hay un acuerdo unánime de los grupos políticos de todos los colores, con el apoyo vecinal. No están en contra de las renovables, pero se oponen a la manera en que se están planteando. Es más, si se aplica la nueva normativa prevista por el Gobierno, no será necesaria la evaluación medioambiental y los expedientes los podrán resolver en diez días. Como decía un representante de las entidades vecinales "es literalmente pasar una apisonadora por encima de la ciudadanía".
En los juzgados de Teruel ya está denunciada la declaración de impacto ambiental favorable del Ministerio a la instalación de 125 aerogeneradores e instalaciones fotovoltaicas en el Maestrazgo, en espacios protegidos. La ha presentado Teruel Existe, al considerar que se puede cometer un delito ambiental.
Antes hubo oposición a la ubicación de placas fotovoltaicas flotantes en los pantanos. El Consejo Nacional del Agua avaló el plan del Gobierno, con la oposición de Aragón. Se quieren instalar en un centenar de pantanos, 14 de ellos aragoneses. En mayo, las Cortes de Aragón aprobaron una iniciativa del PP, para que el Ejecutivo autonómico no diera permiso para instalarlas hasta que se agoten otras ubicaciones. Se insta a que el Gobierno aragonés bloquee las placas hasta que se disponga del Plan Energético Aragonés 2021-2030, que deberá ordenar el desarrollo del sector.
