Por
  • José Tudela Aranda

Un cuestionario

Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid
Consejo General del Poder Judicial
ZIPI

Un compañero me remite un cuestionario sobre ‘Buenas prácticas para los nombramientos políticos de órganos constitucionales’. La intención no es otra que evitar la repetición de hechos como los acaecidos recientemente con el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, entre otras instituciones. 

Las preguntas y propuestas que se plantean sólo pueden ser calificadas como sensatas y coherentes con la preocupación suscitada por lo sucedido alrededor de la renovación de los mencionados órganos constitucionales. Así, por ejemplo, se interroga sobre opciones como la posibilidad de establecer una incompatibilidad con el hecho de haber ejercido previamente un cargo representativo o de designación política; la conveniencia de realizar una convocatoria pública o la oportunidad de crear comisiones técnicas que evalúen la idoneidad de los candidatos. Finalmente, se piden sugerencias para evitar situaciones de bloqueo y salvaguardar los ideales de independencia y buen funcionamiento de estos órganos.

La democracia no es sólo la posibilidad de celebrar elecciones libres

Aun admitiendo la pertinencia de la mayoría de las propuestas, incluso la necesidad de ‘hacer algo’, no he podido evitar que al acabar mi escrito se abriese sin contención el baúl de las reservas. La razón es clara. Durante todo el cuestionario se alude a reglas, buenas prácticas y cambios normativos. Sin duda, algunos de ellos podrían ayudar a mejorar la situación actual. Pero, en todo caso, sería una ayuda paliativa: el problema de fondo seguiría sin ser resuelto y cualquier mejora sería temporal y muy relativa.

Es normal atribuir al Derecho y, muy especialmente, a la ley, efectos taumatúrgicos. La ley tendría la capacidad de transformar la realidad. Incluso, tendría la capacidad de cambiar comportamientos. Nunca ha sido así y tampoco lo es en nuestros días. Pero si este es un axioma que se puede predicar de manera generalizada a todos los ámbitos del quehacer normativo, es aún más predicable de aquellos directamente relacionados con la organización del poder como, especialmente, el Derecho Constitucional.

El Derecho Constitucional es el conjunto de normas que regulan la organización y limitación del poder, incluyendo la relación del ciudadano con el mismo. Su función es esencial. Por ello, es necesario un marco jurídico adecuado que disponga de los instrumentos precisos para poder cumplir los objetivos de toda sociedad democrática. Ahora bien, ello no es suficiente. Ni un conjunto ideal de normas, uno ideado por la inteligencia artificial como modelo perfecto, garantiza que las instituciones funcionen y la calidad de la democracia sea elevada. La razón es sencilla: antes que las normas están las personas; el desenvolvimiento de la cultura política y la voluntad de actuar con lealtad a las instituciones, respetando escrupulosamente su rol en el sistema.

La democracia es, ante todo, un conjunto de valores que dan sentido
y auténtica funcionalidad al conjunto de las reglas del ordenamiento

Hay que expresarse con claridad: los problemas políticos que un día sí y otro también sacuden nuestro país no tienen su origen en su sistema normativo ni, cabe añadir, pueden resolverse cambiando las normas. Su causa se encuentra directamente relacionada con hábitos políticos irregulares; en ocasiones, gravemente irregulares y, sobre todo, con una cultura política que puede denunciarse por la ligereza con la que afronta las exigencias más profundas del Estado de derecho.

Es preciso insistir. La democracia no es sólo la posibilidad de celebrar elecciones libres. Ni siquiera el disfrutar de un régimen de derechos y libertades efectivos. La democracia es, ante todo, un conjunto de valores que dan sentido y auténtica funcionalidad al conjunto de las reglas del ordenamiento. Asumir esos valores obliga a determinados comportamientos. Así, obliga a respetar con naturalidad las prescripciones establecidas y a no cambiarlas por meros intereses tácticos. Así, obliga a entender que en una sociedad democrática la búsqueda del acuerdo es una exigencia. Así, obliga a observar con respeto al contrario. De constatar que la política en nuestro país se ha alejado de esas pautas, nace mi escepticismo final al contestar la encuesta.

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