La DGA pide al Gobierno central que mantenga un mayor número de paradas de autobús para paliar el recorte previsto con la reordenación de las concesiones estatales. 

Hasta 111 de los 151 municipios afectados se van a quedar sin cobertura y estarán condenados a hacer trasbordos en autocares regionales hasta las tres capitales y los otros 16 municipios en los que únicamente seguirán parando las rutas de largo recorrido a partir de finales de 2024. El Ejecutivo de Pedro Sánchez debe ser coherente con sus declaraciones a favor de la ‘España vacía’. En un aspecto tan relevante como la movilidad, tiene la oportunidad de respaldar política y financieramente las acciones del Gobierno de Aragón. Para empezar, es necesaria una clara mejora del ‘nuevo mapa concesional’ de autobuses del Estado o un transporte alternativo de calidad para evitar que el desequilibrio territorial en el interior de la Comunidad vaya a más.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha instado al Ministerio de Transportes a negociar un mayor servicio, de modo que se disponga de más paradas fijas en municipios en función de su población, demanda o su posición estratégica, además de que se establezcan a demanda, como ocurre con los autocares autonómicos. Si no se consigue esta mejora, se castigará a 115.651 aragoneses con peores comunicaciones, precisamente en zonas que sufren más la despoblación. Tanto el Gobierno central como el autonómico son responsables de garantizar una buena movilidad, que es un elemento tan fundamental como la sanidad o la educación para atraer y fijar población. No se puede dejar a los vecinos de muchos pueblos aragoneses solo con el vehículo privado como alternativa para desplazarse. La solución para mejorar las conexiones y reducir el aislamiento pasa por un transporte público mejor adaptado a sus necesidades.