En su clásico estudio que compara democracias, Lijphart usa a Suiza como ejemplo de democracia consensual, es decir, una democracia en donde las decisiones no son reflejo de la mayoría dominante, sino que son resultado del consenso entre diferentes fuerzas políticas. 

Pero Suiza no siempre fue así. Hasta 1874 los Radicales (un partido liberal cuya base fundamental es el voto urbano protestante) dominaban el parlamento federal y monopolizaban el poder ejecutivo. No existía ninguna compartición del poder ni ningún consenso en las decisiones. ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la necesidad de consenso en Suiza?

Los estudiosos del sistema suizo coinciden en reconocer que una causa fundamental de su transformación en democracia de consenso fue la introducción de la iniciativa popular de referéndum en sus dos formas: el facultativo de iniciativa popular y la iniciativa popular de reforma constitucional. Por una parte, fue la introducción mediante reforma constitucional en 1874 del referéndum facultativo de iniciativa popular, es decir, de la posibilidad de que los ciudadanos pudieran solicitar, mediante la recogida de firmas, que una determinada ley aprobada en el Parlamento fuera sometida a referéndum y, en su caso, no entrara en vigor. A partir de ese momento las decisiones parlamentarias tomadas exclusivamente por los Radicales empezaron a encontrar dificultades ya que sobre las mismas se solicitaba, por parte de las minorías (especialmente franco-parlantes y católicas conservadoras), la celebración de referéndum. Desde entonces hasta la actualidad la mayoría parlamentaria se cuida mucho de aprobar una ley que encuentre una fuerte contestación social y cualquier propuesta de legislación busca un amplio acuerdo entre las diferentes sensibilidades.

Por otra parte, otro elemento determinante del consenso fue el reconocimiento de la iniciativa popular para incorporar reformas constitucionales y la posibilidad de que el parlamento pudiera presentar una contrapropuesta, siendo ambas propuestas (la popular y la parlamentaria) sometidas a referéndum. Ello obligó a los partidos políticos a reaccionar frente a situaciones que no les convenía regular por indiferencia o por puros intereses partidistas y a acercar posiciones con las propuestas ciudadanas.

Cuento todo esto por lo impensable que sería en Suiza, precisamente por el reconocimiento de estas iniciativas populares, una reforma del Código penal como la aprobada recientemente o la falta de sanción a los partidos políticos por sus sucesivos incumplimientos constitucionales en la renovación de las instituciones. La reforma del delito de sedición o malversación, por su contestación social, sería objeto de referéndum a iniciativa popular y con toda probabilidad no sería aprobada. La regulación constitucional actual sobre el nombramiento del Tribunal Constitucional o el CGPJ sería objeto de una propuesta popular de reforma para evitar su captación por los partidos y su constante bloqueo.

Habrá quienes consideren ilusorio la introducción de estos contrapesos a los partidos políticos alegando nuestra ‘cultura política’, como si el ser español tuviera unos condicionamientos que le impidieran razonar como el ser suizo. En la historia de España ha prevalecido siempre ese espíritu pesimista que nos ha hecho creer que somos peores que nuestros vecinos. Pero, como señaló Kofi Annan, "los obstáculos de la democracia tienen poco que ver con la cultura o la religión, y sí mucho más con el deseo de aquellos en el poder de mantener sus posiciones a cualquier coste". Los partidos hoy en España están dispuestos a todo por mantener su posición de poder y la dificultad estriba, no en nuestra naturaleza como españoles (que no creo que sea muy distinta a la de los suizos o alemanes), sino en cómo forzarles a estos centros de poder en que se han convertido los partidos para introducir este tipo de instrumentos de control externo que les fuerce a la negociación y al diálogo. El Parlamento asturiano lo intentó en 2014 a través de una iniciativa de reforma constitucional que debía ser considerada en el Congreso. En 2023 el Congreso todavía no se ha pronunciado sobre la misma. ¿Les parece poca su demostración de poder y su deseo de mantenerlo? Ese es el principal obstáculo para nuestra democracia.