Hacer un pan como unas tortas
El juez Llarena, instructor del ‘procés’ y de la causa contra el expresident Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas que se fugaron, les ha aplicado la derogación del delito de sedición, pactada por el Gobierno y ERC, pues considera que plantea un "contexto cercano a la despenalización" de los hechos investigados ―(el referéndum ilegal y la declaración de independencia).
Esta interpretación judicial deja en mal lugar al Ejecutivo, que siempre defendió que la reforma legal sólo permitía rebajar la pena por el delito de sedición, pero que no la eliminaba pues consideraba que se mantendría el castigo, aunque menor, al introducir el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados. En cambio, sobre el delito de malversación, el instructor considera que no se puede enmarcar en los nuevos tipos atenuados por la reforma del Gobierno. Llarena opta por la malversación agravada, que alcanza los 12 años de cárcel.
El magistrado del Tribunal Supremo no ha tenido otra opción que retirar a Puigdemont la acusación de sedición porque el Gobierno eliminó el delito. Sin embargo, y esto es algo que enturbia los planes de Pedro Sánchez de un final de legislatura tranquilo, le atribuye otro de malversación agravada que puede castigarse hasta con 12 años de cárcel. Se abre así un nuevo puzle judicial y político. En su auto, el juez instructor muestra las debilidades de la reforma legal que el Ejecutivo ha impulsado, presionado por ERC, para favorecer la situación judicial de los condenados o huidos por el ilegal proceso independentista. La decisión del magistrado deja insatisfechos a quienes, desde la Moncloa y ERC, promovieron esta iniciativa legislativa encaminada supuestamente a apaciguar Cataluña. Por el contrario, se constata que el Gobierno ha retorcido la legislación, hasta dejar indefenso al Estado ante golpes como el ocurrido en Cataluña en 2017, y ni siquiera ha conseguido su objetivo político de calmar las aguas del secesionismo.
