Las tres crisis económicas y sociales que se han sucedido de una manera impetuosa han dejado una sociedad resquebrajada. 

La crisis financiera desatada en 2008, las consecuencias de la pandemia y, ahora, la crisis inflacionaria, derivada principalmente de la invasión rusa de Ucrania, han dejado heridas muy profundas, que, lógicamente, alcanzan de forma especial a los más vulnerables.

Cáritas Diocesana de Zaragoza presentó recientemente un estudio de la Fundación Foessa de Cáritas Española donde se profundiza en las actuales condiciones de vida de quienes tienen mayor peligro de exclusión social. Titulado ‘El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo’, se propone la construcción de un presupuesto de referencia para unas condiciones de vida digna. Se aborda la pobreza no solo a partir de los ingresos disponibles sino teniendo en cuenta las necesidades básicas de los hogares.

El estudio señala que los hogares con graves dificultades se encuentran, sobre todo, entre los que viven en alquiler, en los hogares con presencia de niños o con personas con discapacidad o situación de dependencia, en hogares donde existen deudas y no hay ingresos estables y en aquellos donde se da el desempleo de alguno o de todos los miembros activos del hogar.

Tres de cada diez hogares españoles, según el estudio, no cuentan con ingresos suficientes para alcanzar unas dignas condiciones de vida. La subida de los precios, ha hecho que se resientan aquellos capítulos de gasto a los que las familias vulnerables dedican la mayor parte de los ingresos: vivienda, alimentación y transporte, que soportan el mayor incremento de los precios. Si antes estas familias dedicaban 60 de cada 100 euros disponibles a estas tres partidas, ahora representan 80 de cada 100. Lo que conlleva que se produzcan restricciones en otros campos: seis de cada diez hogares han reducido el consumo de la electricidad, el gas o el agua. Cerca de medio millón de niños han dejado de usar el comedor escolar por no poder costearlo las familias.

Urge que nuestros gobernantes articulen unas políticas públicas dirigidas a rescatar a las familias en peor situación. Al mismo tiempo, es preciso pensar en la protección social a largo plazo: políticas contra la precariedad laboral, por el acceso a una vivienda digna y por la extensión de la sanidad, la educación y la atención a la dependencia.