El Tribunal Constitucional (TC) ha aprobado, por seis votos a favor y cinco en contra, frenar la votación prevista el próximo jueves en el Senado sobre la reforma que afecta a su propia renovación. Acepta así las medidas cautelares solicitadas por el PP para paralizar la tramitación de dos enmiendas, introducidas en la proposición de modificación exprés del Código Penal, por las que se reforma el sistema de elección de los magistrados del alto tribunal. Por inusual que la sea la decisión, el Gobierno está obligado a acatarla y, si persiste en su propósito legislativo, debe emprender el procedimiento adecuado, con todos los controles parlamentarios previstos por la ley y sin hurtar el debate entre los distintos grupos políticos. En democracia, tan relevante es el contenido de las leyes como su apropiada tramitación.

La batalla en el Constitucional se ha saldado con una decisión inédita, que supone un choque con el Parlamento que aún no se había vivido en democracia: ha acordado paralizar en el Senado la reforma legal que acelera su propia renovación. Corresponde ahora al PSOE y al PP buscar un acuerdo político porque el origen de la disputa está en su falta de acuerdo para la renovación del Poder Judicial y del TC. Las disputas de los poderes del Estado deben ser las mínimas posibles; la polarización entre partidos, también.

Los países liberales tienen unos procedimientos que hay que respetar. Y los primeros que deben hacerlo son los partidos. Su responsabilidad es con las reglas del juego democrático y con una sociedad que no se merece la actual bronca política. La ciudadanía viene soportando estoicamente los avatares de estos últimos años (epidemia y espiral inflacionista); tanto esfuerzo no puede desbaratarse por la actitud irresponsable de unos partidos que tienen la misión de garantizar la convivencia en el país dentro de la ley.