Aragón tuvo el acierto, en 2008, de ser una de las primeras comunidades en dotarse de una ley propia para apoyar e indemnizar a las víctimas del terrorismo. 

Ahora, cuando ETA ha desaparecido pero hay fuerzas políticas en España que pretenden blanquear su criminal historia, resulta oportuna la reforma que impulsa el Gobierno autonómico para afianzar la consideración y el respaldo a las víctimas y para explicar y difundir sin tergiversaciones interesadas la realidad del terrorismo y de las secuelas que ha dejado.

Hoy se cumplen treinta y cinco años del brutal atentado en el que ETA segó las vidas de once personas en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Y la sociedad aragonesa debe volver a mostrar su solidaridad con las víctimas y su rechazo a la historia criminal de una organización contra la que la democracia española libró una dura lucha. Afortunadamente, ETA ha desaparecido, fue vencida, pero su ignominiosa trayectoria ha dejado secuelas que siguen presentes. Hay que procurar que se esclarezcan todos sus delitos y que comparezcan todos los responsables ante la Justicia; y en Aragón es especialmente importante el juicio a José Antonio Urrutikoetxea por su implicación en la explosión de la casa cuartel, o el caso del asesinato de Manuel Giménez Abad. Muchos aragoneses y españoles ven con consternación cómo, sin mediar arrepentimiento ni petición de perdón, se alivian hoy las penas de los terroristas, mientras que los herederos de ETA imponen su ‘relato’ y hasta marcan la política del Gobierno de la nación. Frente a ello, y frente a nuevas amenazas que pueden surgir, la reforma de la ley aragonesa de apoyo a las víctimas debe reforzar la atención a quienes sufrieron el zarpazo criminal. Y ha de servir para promover el conocimiento preciso y la correcta valoración moral de la injusticia y el dolor generados por los terroristas y del coraje y la dignidad de quienes, para defender la democracia, les hicieron frente.