Un preacuerdo para el autobús
El final de la huelga de los autobuses urbanos –contando con que la plantilla ratifique el preacuerdo alcanzado– es una buena noticia y un alivio para las decenas de miles de zaragozanos que han sufrido en sus carnes un larguísimo y a veces incomprensible conflicto.
Terminan los paros, pero la empresa, los trabajadores y el Ayuntamiento deben reflexionar. No es razonable que estas situaciones se sucedan en un servicio público esencial con la frecuencia con la que están ocurriendo en los últimos años en Zaragoza.
Después de casi 650 días de paros intermitentes y de más de 90 reuniones en el servicio de mediación, los representantes de Avanza y de sus trabajadores alcanzaron por fin el jueves un principio de acuerdo. Las condiciones pactadas, si se comparan con las que tienen otros muchos sectores y empresas, resultan claramente favorables para los trabajadores, por lo que hay que confiar que la plantilla ratifique el día 13 lo acordado. En todo caso, el final de este conflicto laboral en los autobuses urbanos deja en la ciudad un sabor muy amargo. Decenas de miles de ciudadanos, trabajadores, jubilados, estudiantes, etc., han tenido que sufrir durante largos meses los serios inconvenientes que la huelga imponía a sus desplazamientos. Han sido rehenes y víctimas de una negociación y un conflicto que debería haberse resuelto mucho antes. Tampoco cabe olvidar que el principal medio de transporte público de la capital aragonesa ha sufrido nada menos que dieciséis huelgas desde el año 2000, lo que no puede aceptarse como normal y contribuye a degradar uno de los servicios esenciales para una ciudad. Cuando situaciones como estas se enquistan, se debería poder recurrir con agilidad a soluciones arbitrales que marquen a las partes condiciones equilibradas y de obligado cumplimiento. De lo contrario, lo que es un derecho, esencial e inalienable, de unos pocos, acaba convirtiéndose en la violación de los derechos de muchos.
