Mucho se ha escrito estos días sobre el principio de separación de poderes, a propósito de los primeros casos de aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’. 

Pero si esencial es la separación entre el poder judicial, por un lado, y el ejecutivo y el legislativo por el otro; igualmente lo es aquella que se da entre Gobierno y Parlamento –que pasa muchas veces desapercibida–.

A la forma en la que se relacionan Gobierno y Parlamento la llamamos forma de gobierno, y la diferenciamos de la forma de Estado (unitario o descentralizado) y de la forma de la jefatura del Estado (monarquía o república). Si bien, resulta llamativo que, en los últimos años, el debate político en España lo hayan monopolizado estas dos últimas ‘formas’, y no la de gobierno, que es posiblemente la más afectada en la práctica.

Los nuevos tiempos han robustecido, incontestablemente y en todo el globo, el papel de los ejecutivos; pero dicha dinámica no se ha visto correspondida con un fortalecimiento acorde de la institución parlamentaria. El Parlamento, hoy, necesita más medios materiales y asesoramiento especial (oficinas presupuestarias, de ciencia…) para controlar de forma satisfactoria al Gobierno.

Dentro de esta lógica, solo resta celebrar el convenio que se firma esta mañana en el Palacio de la Aljafería, entre la Fundación Manuel Giménez Abad y el Parlatino, con el propósito de crear una Escuela de gobierno que contribuya a modernizar los Parlamentos latinoamericanos y mejorar la calidad de sus democracias.