Una cuestión de descrédito

Además de haberse convertido en una reforma fallida, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ‘ley del solo sí es sí’, está actuando como una poderosa herramienta de descrédito político. 

No solo daña la reputación del Gobierno, que muestra una levedad legislativa desconcertante, ajena a las recomendaciones y advertencias previas emitidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que genera una inseguridad y una alarma social impropias de una democracia consolidada. Un error –la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual y la reducción de algunas penas– que también ha puesto al descubierto la mirada estereotipada y prejuiciosa de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que para eludir el desaguisado ha optado por atacar a los jueces. Sin urgencia alguna por enmendar su equivocación, Montero ha culpabilizado de la actual reducción de las condenas a un supuesto y extendido condicionante machista que afectaría a los jueces y que condicionaría su interpretación de la ley.

El ataque como mejor defensa, arropado por la obstinación como mecanismo de resistencia, insistiendo en el descrédito, ha sido la solución que ha encontrado la ministra a su falta de autocrítica. Montero, miembro del Gobierno de coalición, se ha presentado a sí misma, con la ayuda de la paradoja, como víctima de los jueces y para armar su defensa no ha tenido reparo alguno en desprestigiar a uno de los poderes del Estado.

Las palabras de Montero, con las que ha logrado atribuirse el dudoso honor de haber puesto de acuerdo a las cuatro asociaciones de jueces en el rechazo a sus acusaciones, reflejan una aproximación al mundo en exceso dominada por prejuicios maniqueos que no guardan correspondencia con la tarea de interpretación de la ley que hacen los tribunales. La carga ideológica de la ministra de Igualdad resulta tan pesada que la evidencia de lo que ya está pasando –descubierta en forma de un alivio de las penas– se considera desde su ministerio como un acto de insumisión por parte de aquellos que imparten justicia, algo que los situará, por extensión, en el terreno de la prevaricación.

La total falta de pericia demostrada respecto a la aplicación de la técnica legislativa, un desatino que Unidas Podemos ha llevado para protegerse al terreno político, exige una urgente corrección legal. De hecho, la posibilidad de retrasar la puesta en marcha de las medidas correctoras, apelando a la necesidad de introducir un cierto sosiego, no deja de ser un riesgo difícilmente asumible.

Con la reacción de Montero, que solo sirve de justificación frene los suyos, perdemos todos. Sus palabras, impropias de un miembro del Gobierno, son un nuevo ataque a la tarea que desempeñan los jueces y solo contribuyen a deteriorar algo tan endeble y cuestionado como es la confianza en las instituciones.

El Gobierno, que pese a la generosidad del CIS no parece que en las últimas semanas esté atravesando por su mejor momento, ha decido cerrar filas con el silencio y la discreción en lugar de hacerlo con Montero –la propia vicepresidenta Yolanda Díaz ha sufrido los ataques de Pablo Iglesias por la distancia adoptada–, traduciendo su rechazo ante un error (el del alivio de las penas) que es, precisamente, de los que no requieren demasiadas explicaciones.