La profesora de Derecho constitucional Ana Valero Heredia ha escrito un valiente e interesantísimo ensayo en la editorial Athenaica que lleva por título ‘La libertad de la pornografía’. 

Se trata del primer libro en lengua castellana (hay mucho escrito en inglés, especialmente en Estados Unidos) que trata la pornografía desde una perspectiva jurídica y transversal.

Nos adentra esta autora en una de las grandes paradojas que vivimos hoy en nuestra sociedad. Por una parte, recientemente Instagram eliminó de su red el cartel promocional del filme de Pedro Almodóvar ‘Madres paralelas’, presidido por la fotografía de un pezón lactante. Por otra parte, nunca antes se había tenido tan fácil acceso a la pornografía. Pornhub, la web pornográfica más visitada del mundo, reportó en 2019 más de 42.000 millones de visitas y 39.000 millones de búsquedas realizadas en un año.

Ante esta realidad paradójica, el feminismo está dividido. Las feministas abolicionistas, tras la consigna ‘la pornografía es la teoría, la violación, la práctica’, abogan por su prohibición. Su argumento para la prohibición ya no es la moralidad, como se apela desde posiciones conservadoras, sino la ofensa a todas las mujeres. No obstante, como bien señala Ana Valero, el concepto de ofensa está intrínsecamente unido a la idea de moralidad, siendo ambas cosas igualmente azarosas y subjetivas. De hecho, en esta materia el feminismo abolicionista acabó aliándose en los Estados Unidos de los años ochenta con el conservadurismo moralista de la Administración Reagan. Frente a ellas, el feminismo ‘pro-sex’ o liberal sustenta la necesidad de un daño concreto asociado a la pornografía para que su limitación pueda justificarse.

La tesis sostenida en el libro (y que yo comparto) es esta última. De acuerdo con una consolidada jurisprudencia desarrollada sobre todo en Estados Unidos, solo un daño real e inminente para otros derechos y bienes jurídicos (‘clear and present danger’) podría justificar la limitación de la pornografía. Ni la moralidad pública ni la ofensa pueden justificar en una sociedad democrática una limitación a un derecho fundamental como la libertad de expresión. La cuestión es: ¿genera la pornografía un daño real e inminente en algún colectivo?

Con una sólida base documental, la autora señala que no hay estudios concluyentes que respalden la relación directa entre el consumo de pornografía y la violencia contra las mujeres. En cambio, sí la hay respecto al daño que causa la pornografía en los adolescentes y en la infancia.

El acceso a la pornografía por parte de la juventud y de la infancia se ha convertido en uno de los grandes retos de las sociedades actuales. Según un informe de Save the Children de 2019, el 68,2% de los adolescentes ven pornografía con frecuencia. La edad media del primer contacto con material pornográfico son los 12 años, siendo que algunos otros estudios alertan de que dicha edad se está reduciendo a los ocho. La pornografía se ha convertido en el principal manual de educación sexual para nuestros jóvenes, algo que se ha incrementado a raíz del confinamiento por la covid-19. A este respecto existe unanimidad en todos los estudios al señalar que la pornografía afecta a su forma de relacionarse y puede derivar en conductas de riesgo o nocivas.

Es necesario regular la pornografía en el caso de los menores de edad, pero, una vez más, se comprueba que no es suficiente. Los diversos intentos llevados a cabo por países de nuestro entorno, especialmente el Reino Unido, se han topado con la facilidad con la que las plataformas tecnológicas, gracias a la globalización, se saltan los sistemas de verificación de edad. El campo tecnológico lo abarca todo y no tenemos vallas que nos protejan.