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  • Editorial

Una reforma indecorosa

Pedro Sánchez ha anunciado que va a modificar el delito de sedición.
Una reforma indecorosa
Susana Vera

La reforma del Código penal para sustituir el delito de sedición supone, tanto por su contenido como por las circunstancias en las que se va a llevar a cabo, una lamentable y tremenda irresponsabilidad por parte del Gobierno y del PSOE. 

Con esta medida, sumada a los indultos concedidos el año pasado, Pedro Sánchez habrá desmontado la respuesta penal del Estado de derecho frente a la intentona separatista de 2017. Y, vergonzosamente, lo habrá hecho, además, en pago del apoyo que le prestan las mismas fuerzas políticas que pretendieron avasallar la Constitución y fracturar la unidad de España.

El Gobierno esgrime la necesidad de homologar esta figura delictiva con la legislación de otros países europeos. Pero ese argumento es falso, y ya fue rebatido por el Tribunal Supremo en su informe sobre los indultos. Aparte del nombre que se les dé, hechos como los cometidos por los separatistas en 2017 constituyen delitos graves y castigados con muy severas penas en Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Portugal, ejemplos que analizó y destacó el Supremo. 

Ayer, por otro lado, Pere Aragonès se reconocía satisfecho y señalaba que la desaparición y sustitución del delito de sedición será el resultado de un acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat. Sánchez está, por tanto, cediendo a los planteamientos secesionistas, a cambio de que ERC mantenga su apoyo parlamentario. Es indigno, y muy peligroso para la estabilidad política de España, que el PSOE acepte estas componendas; si bien hay en el partido voces disidentes, como la del presidente aragonés, que ayer se pronunció rotundamente en contra de la reforma planteada. Es posible que el Código penal necesite una revisión serena de los delitos contra el orden político, pero no, como se va a hacer, debilitando el Estado de derecho, sino, como señaló Lambán, buscando "estar bien armados tanto política como jurídicamente", para hacer frente a cualquier ataque a la Constitución.

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