Un servicio básico cercenado
Después de más de seiscientos días de una huelga de autobuses urbanos que está alterando seriamente la vida diaria de miles de zaragozanos, el comité de empresa aún quiere dar otra vuelta de tuerca proponiendo un endurecimiento del conflicto.
Más lógico sería que el referéndum permitiese a la plantilla pronunciarse sobre la oferta, claramente ventajosa, que está sobre la mesa. Zaragoza no puede permanecer indefinidamente con uno de sus servicios públicos más básicos cercenado.
La última propuesta del Servicio de Mediación (SAMA) supondría, de ser aceptada por los trabajadores, un incremento salarial del 8,5%, con una cláusula de revisión del 12%, que en función de los pluses podría llegar al 16%. Son mejoras muy superiores a la media de las subidas salariales que se están registrando en Aragón y en España, y resulta difícil de comprender que para el comité de empresa no sean aceptables. Esta huelga ha durado ya demasiado y está causando excesivos perjuicios a los zaragozanos. Y el deterioro del servicio que comporta contribuye a alejar a muchos ciudadanos del transporte público, lo que a largo plazo es malo para todas las partes. Resulta sorprendente, e indica muy poca voluntad de resolver la situación, que en lugar de someter a referéndum entre los trabajadores la propuesta del SAMA, que quizás sería aceptada, el comité les ofrezca únicamente la opción de endurecer la huelga, aumentando los periodos de paro desde las tres horas diarias actuales a seis horas. Después de seiscientos días de conflicto no parece esa la vía más adecuada para hallar una salida y restablecer la normalidad. Tal vez es tiempo de que la Administración haga uso de las herramientas legales de que dispone para dictar una resolución arbitral de obligado cumplimiento. El transporte urbano de Zaragoza no puede quedar semiparalizado por un enfrentamiento irresponsable que no lleva camino de resolverse.
