Una huelga abusiva
Los trabajadores del bus urbano de Zaragoza retoman hoy la huelga tras fracasar el último intento de desbloquear el conflicto laboral. La reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) duró ayer apenas una hora, el tiempo justo para confirmar que el proceso está totalmente bloqueado. Ni los sindicatos aceptan la subida fija del 8,5% y la cláusula de revisión del 12%, ni Avanza está dispuesta a subir más. La huelga es un derecho incuestionable; pero cuando se ejerce, como ahora, para arrancar subidas salariales muy por encima del 2,6%, que es la media que se está registrando en España según los datos de Eurostat, parece de dudosa oportunidad prolongar el recurso a un arma tan contundente.
La enésima ruptura de las negociaciones ha provocado un nuevo cruce de acusaciones entre los sindicatos y la concesionaria. Esta última ha vuelto a culpar a las «exigencias económicas del comité», mientras que para los representantes sindicales es la «nula voluntad negociadora» de la compañía la que está lastrando el diálogo. El observador designado por el Ayuntamiento ni siquiera pudo presentarse en la reunión, ya que el SAMA no permitió su presencia. Todo está pendiente ahora de lo que ocurra el próximo miércoles, cuando los trabajadores votarán en referéndum si endurecen los paros y pasan de tres a seis horas al día.
Después de tantos meses de conflicto, la situación es inadmisible. El ciudadano está soportando, en la indefensión más absoluta, las incomodidades de un deficiente servicio que hoy por hoy se financia a costa de su bolsillo, como usuario y como contribuyente. Por eso resulta legítimo plantear la necesidad de que en los servicios públicos, externalizados o no, solo se utilice con razón justificadísima el arma de la huelga porque al final se vuelve contra otros derechos, igualmente legítimos, de los ciudadanos.
