La saturación en algunos centros de salud de la Comunidad es real y ha sido reconocida abiertamente por la consejera de Sanidad, Sira Repollés.

 A las urgencias de los hospitales Miguel Servet y Clínico, quizá también por el efecto colapso registrado en la atención primaria, acudieron en los tres primeros días de esta semana a cerca de 2.900 pacientes, confirmando la tensión que sufre el sistema. En Aragón 7.925 personas llevaban en septiembre más de seis meses a la espera de una intervención quirúrgica. La lista, en relación con agosto, solo descendió el pasado mes en 50 personas. Según Repollés, la menor capacidad quirúrgica de los hospitales durante el verano fue la causa de este bajo ritmo de atención.

La fotografía de la sanidad aragonesa no se observa especialmente brillante, aunque la solución adoptada para solventar los acuciantes problemas de la Atención Primaria se describe bajo una mirada en exceso práctica y alejada de un criterio definitivo: se pagarán horas extra a los médicos. Asunto finiquitado. La polémica, apoyada en la evidencia de la dificultad para acceder a una cita médica en tiempo y forma, ha quedado temporalmente resuelta gracias a la presión ejercida por los sindicatos sanitarios, que se confirman con una poderosa capacidad de influencia. Después de que la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Mayte Pérez, asegurase que los facultativos no ocupan sus agendas al cien por cien y señalase que desde el Gobierno se iba a obligar a los médicos a hacer público su calendario de citaciones, la reacción sindical se desató en forma de petición de dimisión. Las palabras de la consejera, que todo hace pensar no fueron pronunciadas a la ligera y que estaban apoyadas en la evidencia de una posibilidad de optimización en la distribución del tiempo de trabajo de algunos médicos, terminaron tornándose en una petición de disculpas. A escasos meses de las elecciones, el Ejecutivo aragonés optaba por dar marcha atrás evitando lo que podía ser la apertura de un conflicto con el colectivo médico, aunque frenando, igualmente, el debate público sobre la posibilidad de reordenar los servicios de Atención Primaria y, por qué no también, buena parte del actual modelo de prestación sanitaria de la Comunidad.

Cuestionar sin matices el modelo sanitario, la dedicación de los facultativos y hasta la capacidad de respuesta del sistema no deja de ser una postura que, por global, resulta injusta, aunque donde todas las partes afectadas coinciden (médicos, administración y usuarios) es en el reconocimiento de que existe un importante margen de mejora. La crisis desatada en la Atención Primaria posee múltiples causas y, sin duda alguna, la falta de personal explica una parte muy importante de la razón de este colapso. Sin pasar por alto que el modelo de organización requiere de una mayor flexibilización que se adapte a las puntas de demanda, el tema más espinoso reside, precisamente, en la atribución de responsabilidades, en señalar quién o quiénes son aquellos que pueden contribuir a mejorar el servicio. Aceptando que la responsabilidad principal la ostenta la administración, cuya exigencia pasa por casar un creciente número de consultas con unos medios finitos, no debe ignorarse que las piezas solo cuadran con la colaboración de todos los actores. La sanidad pública, que requiere de un compromiso compartido para su defensa, puede terminar por colapsar, tal y como ha advertido el presidente Javier Lambán, si no se acepta que el problema se replica en todas las comunidades autónomas y que, al margen de la necesidad de formar a más sanitarios (aquí es la Universidad la que se queja de la falta de recursos), es necesario ofrecer una respuesta conjunta que lo ataje como un problema de Estado. El debate, que fija una abierta injusticia si se pasan por alto las decisiones adoptadas por los anteriores gobiernos regionales -tanto de PSOE como de PP- y se ignora el tsunami de la covid, debería centrarse en la revisión de un modelo de financiación autonómica que se muestra insuficiente para dar repuesta a los servicios que se demandan.

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