Sueldos, subidas y coherencia

Sánchez, aplaudido por la bancada socialista tras su intervención en la sesión definitiva de investidura.
Sueldos, subidas y coherencia
Efe/Mariscal

En los Presupuestos del Estado de 2023 el Gobierno presenta una previsión de subida de pensiones del 8,5%, pendiente del índice final de inflación de este año, así como una subida del 2,5% del sueldo a los funcionarios, que puede añadir medio punto según la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y el Índice de Precios al Consumo (IPC) y podría llegar al 3,5%. 

En dicho contexto el Gobierno ha impulsado un preacuerdo entre empresarios y sindicatos que afecta a los convenios colectivos de diez millones de trabajadores para subir el 3% de sus salarios. La inflación actual en España es del 9% y es fácil que vuelva a alcanzar los dos dígitos. Es la misma inflación para todos, pero pierden más poder adquisitivo los trabajadores. Las pensiones se cobran en relación a lo que previamente se cotizó a lo largo de toda la vida laboral; no se regala nada al pensionista pues ha trabajado contribuyendo su porcentaje correspondiente de antemano. A partir de ahí, llama la atención que se suban las pensiones un 8,5% y que unilateralmente se decida subir las bases de cotización hasta un 8,6% la máxima, de cara a 2023, cuando las pensiones están topadas de momento y hay un importe de cobro que no se puede superar. Y llama la atención que los salarios de los trabajadores en activo sólo suban el 3% y el Gobierno mismo se haya decidido un aumento del 4% de los sueldos de sus miembros (presidente, vicepresidentas y ministros). Aunque no tienen pagas extraordinarias no olvidemos que la mayor parte de sus gastos, transporte, residencias, viajes, teléfonos, comidas, etc., son a cargo del Estado. El primer empleador del país es el Estado. Según el Ministerio de Función Pública en enero de 2022 había 2.717.570 trabajadores públicos o sea dependientes del Estado, Comunidades Autónomas y entidades paraestatales, y según el INE, en el segundo trimestre de 2022, el 17% de los trabajadores españoles lo son del sector público. ¿No debería esperarse la lógica coherencia, y que el Estado como empresa se fijase la misma medida que exige al resto de los empresarios del país, aplicándose la misma subida de salarios que a sus funcionarios?

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