La apertura del Año Judicial ha evidenciado la profunda crisis abierta en el sistema por la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su presidente, Carlos Lesmes, ha lanzado en presencia del Rey un insólito órdago a Sánchez y Feijóo: dimitirá si no se reúnen para renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato venció en diciembre de 2018. Lo cierto es que el espurio aprovechamiento del Poder Judicial con fines políticos está superando todos los límites con la gravísima irregularidad democrática que constituye el hecho de que el CGPJ lleve en situación de interinidad casi cuatro años y que se le esté asfixiando para que no pueda ni nombrar cargos ni renovarse. ¡Casi cuatro años incumpliendo la Constitución! Esta inaceptable erosión judicial mengua la confianza de los ciudadanos en sus políticos.

Según el ‘Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2022’, publicado por la Comisión Europea, la percepción que los españoles tienen de la independencia de nuestra justicia solo es mejor que en Italia, Bulgaria, Eslovaquia, Polonia y Croacia. Buena parte de este descrédito se debe a la politización de la Justicia. Los dos grandes partidos vienen bloqueando desde hace años la renovación de los órganos judiciales (hoy mismo deberían elegirse dos magistrados del Tribunal Constitucional) en su afán por controlarlos y ahora se afirma que aún será más complicado un acuerdo por la cercanía de las elecciones. Sin embargo, el calendario electoral no justifica este déficit democrático. PSOE y PP deben asumir que los ciudadanos anhelan un comportamiento leal a los grandes principios como la división de poderes y el Estado de derecho. Lesmes les exige un esfuerzo de entendimiento. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición están obligados a darle una respuesta a la altura de sus responsabilidades.