El Gobierno y el PP se han enredado de nuevo con el asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por una parte, Pedro Sánchez ha aludido a un acuerdo alcanzado con la anterior dirección de los populares. Por otra, el equipo de Alberto Núñez Feijóo ha acusado a la Moncloa de «trilerismo» por filtrar un acuerdo al que «el propio Gobierno no dio validez». El hecho cierto es que el Poder Judicial lleva 1.352 días con el mandato caducado. La politización de la Justicia, un CGPJ sin renovar y un Tribunal Constitucional con cuatro magistrados pendientes de sustituir ilustran de forma meridiana la necesidad de que los partidos alcancen por fin un acuerdo al que la Constitución les obliga.

Cada día con más vehemencia, los grandes partidos pugnan por controlar el poder judicial a través del nombramiento de los miembros de los principales órganos jurisdiccionales. Es, pues, su responsabilidad el abusivo retraso en la renovación del CGPJ, que lleva en funciones desde diciembre del año 2018. Con la actitud obstruccionista, ahora del PP y antes del PSOE, erosionan el entramado institucional del país. Es una anomalía democrática que la cúpula judicial no se ajuste a lo que los españoles votan en las urnas, como también supone una enorme anomalía constitucional la sempiterna interinidad en que vive la cúpula judicial.

Desde distintos órganos europeos se advierte a menudo de que en España hay una excesiva intervención de los políticos en el nombramiento de los vocales del CGPJ, pero sigue sin haber consenso para cambiar el sistema. Urge, pues, la puesta en marcha de un proceso regenerador. Los jueces, por lo demás, también deben asumir su parte de responsabilidad porque su estructuración en asociaciones profesionales con un marcado acento político no ayuda a que mejore la percepción de independencia judicial.