Las casualidades flirtean y colisionan, a partes iguales, con la oportunidad. Algo parecido ocurre con las coincidencias, que mantienen un devenir inesperado que al rozar con la política siempre obligan a la reflexión. Ningún contagio político debería existir en el recuerdo del terrible asesinato de Miguel Ángel Blanco, aunque la coincidencia ha querido que este homenaje coincida en fechas con la negociación de la ley de Memoria Democrática pactada con Bildu. Un encuentro en el calendario que habría de resultar incómodo para aquellos que consideran que la memoria democrática, algo que debería ser un valor compartido, puede estar sujeta a la oportunidad de una negociación política. Explicaba en una entrevista a ‘20 Minutos’ el alcalde socialista de Ermua en 1997, Carlos Totorika, que «lo sucedido ha sido muy doloroso para mucha gente y esas ganas de mirar hacia adelante nos influyen a quienes hemos sufrido el terrorismo y a los terroristas, que quieren que se olvide el pasado. Ahí hay un riesgo de perder memoria».

Tan peligroso como no lograr recordar, como olvidarse de lo ocurrido, es alterar la historia. Atribuida a Esquilo, la sentencia de que la primera víctima de una guerra es la verdad confirma el empleo de la confusión como arma de destrucción, pero en democracia, la verdad actúa siempre como barrera de la defensa de los principios y valores que definen a una sociedad libre. Evitar que la ciudadanía española se acomode en la desmemoria debería ser una reflexionada preocupación compartida. Los diferentes estudios y sondeos publicados a lo largo de estos últimos años han confirmado el desconocimiento entre los más jóvenes del fenómeno del terrorismo de ETA. Saber quién fue Miguel Ángel Blanco o contar con una medida ajustada de lo que significaron la violencia y la sinrazón etarras permiten mantener una alerta permanente.

Una de las principales fortalezas de la democracia española reside en el consenso logrado en la Transición. La cesión y la generosidad permitieron la construcción de un sistema de libertades que supusieron la incorporación de España al mismo modelo institucional del que ya disfrutaban otros países. La importancia de reparar a quienes sufrieron distintas violaciones de los derechos humanos hasta la llegada de la democracia responde a una cuestión moral y a una defensa del principio de justicia, por lo que el cuestionamiento que parece quiere establecerse sobre toda la Transición e, incluso, sobre el funcionamiento de las instituciones surgidas de este periodo, fija una interesada enmienda a la totalidad. El acuerdo del PSOE con Bildu para la aprobación de la ley de Memoria Democrática, cediendo ante los radicales el estudio hasta 1983 de posibles vulneraciones de derechos humanos, extiende una mirada equivocada y distorsionada que se entremezcla con una parcial segunda lectura que cuestiona un periodo en el que los tribunales de justicia se asentaban sobre los principios constitucionales.

La irremediable tendencia al olvido y la falta de un acuerdo básico sobre la reciente historia democrática -aunque sea de mínimos- juegan a favor de quienes se sienten cómodos ignorando crímenes como el de Miguel Ángel Blanco. Preservar su memoria y defender aquel ‘Espíritu de Ermua’ que hizo alzarse frente a ETA son la mejor de las respuestas frente a cualquier relato mentiroso.