Estoy hasta el ‘moñé’, como dice una buena amiga, de oír a todas horas en boca de los miembros del Gobierno esa expresión de "los más vulnerables", por cuyo bien tanto trabaja el Ejecutivo, para favorecerlos y sobre todo para que sigan siendo vulnerables, pues si dejaran de serlo, el Gobierno ya no tendría el recurso de redimirlos y aplicar en su ayuda cheques, subvenciones, descuentos, bonificaciones, gratuidades y demás mecanismos de reajuste de la justicia social, de la solidaridad intergeneracional y de la igualdad interclasista.

No digo que no haya que atender de la forma más amplia, eficaz y justa posible al segmento menos favorecido de la sociedad española y que un compromiso firme de toda la clase política debería ser buscar la forma de acabar, o cuando menos reducir de forma significativa, el alto nivel de pobreza y desigualdad que tenemos en España; pero lo que no se puede hacer es poner parches de forma atolondrada y escasamente eficaz para solventar los problemas de los llamados más vulnerables, sin que tampoco sepamos a ciencia cierta quienes son, cuántos y donde están.

Como tampoco sabemos qué resultados van a tener esas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros del sábado 25 de junio, pues su imprecisión deja bastante que desear. Unas son medidas ‘anunciadas’, pero no adoptadas, pues su puesta en marcha se ha pospuesto ‘ad calendas graecas’ y se desconoce su contenido detallado. ¿Qué nuevo impuesto se va a aplicar a las energéticas? ¿De qué cuantía? ¿Sobre qué bases? Otras estarán condicionadas al cumplimiento de requisitos, al funcionamiento de la compleja e inmensa burocracia del país; otras han sido valoradas –esa del cheque de 200 euros– como absolutamente insuficientes, amén de que no discriminan ni escala de ingresos ni composición familiar… Y no todos los vulnerables son igual de vulnerables, me parece. No sé, todo da la impresión de haberse organizado en unas horas frenéticas porque había que salir a decir algo a una ciudadanía cada vez más enfadada o admitir las presiones del Gobierno contra el Gobierno o de los socios del Gobierno contra las grandes empresas y los más ricos.

Lo cierto es que este paquete de medidas que tienen un coste, dicen, de 9.000 millones de euros –supongo que haciendo las cuentas del Gran Capitán– no ha gustado a casi nadie, y me refiero a los comentaristas que habitualmente jalean al Gobierno y sus bondades, pero que en esta ocasión apenas han podido sacarle alguna punta positiva al decreto, que veremos cómo y si consigue su convalidación o se convierte en un nuevo campo de batalla en una sede parlamentaria, que más se parece cada día a un corral arrabalero que a la cámara de la soberanía popular. Donde me da la impresión que importan muy poco los más vulnerables.

(El Instituto Nacional De Estadística acaba de publicar que el índice de pobreza en España supera ya el 27%. Demasiados vulnerables para tan escasas medidas, aunque ya sabemos que el Gobierno no se cree lo que dice el INE).