El Tribunal Supremo ha resuelto por fin sobre la financiación de la línea del tranvía de Zaragoza y mantiene la resolución de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que condenó en el año 2020 a la DGA a pagar al Ayuntamiento de la capital 33,5 millones de euros por las obras, además de los intereses. Termina de este modo la vía judicial de este conflicto institucional entre la administración local y la autonómica que se remonta a legislaturas anteriores. Llegados a este punto, le que corresponde ahora es cumplir con la obligación de pago que impone la sentencia y cerrar cuanto antes este largo contencioso para centrarse el asuntos acuciantes.

La decisión del Supremo, como la del TSJA en 2020, supone dar la razón al Ayuntamiento que viene defendiendo su derecho a percibir 33,5 millones de euros en concepto de liquidación del convenio que aún tenía pendiente de cobrar, después de haber recibido ya 24,7 millones. El recurso municipal se centraba en aclarar la naturaleza jurídica del convenio suscrito entre las dos administraciones para la construcción y puesta en marcha del tranvía. Si se trataba de un ‘convenio de articulación de una subvención directa’ o de un ‘convenio de colaboración y/o cooperación con transferencia de fondos asociada’. Las obligaciones son diferentes en cada caso. El Gobierno de Aragón ha insistido siempre en que lo que se firmó fue un convenio de colaboración y cooperación. La resolución en los tribunales de este largo conflicto político y después judicial tiene que servir para evitar en el futuro otros desencuentros como este. Un desempeño técnico más concienzudo a la hora de elaborar los convenios entre instituciones y una mayor voluntad de solución política de controversias, cuando estas surjan, aumentarían la eficacia de los organismos públicos.