La calidad del dato

Existe un evidente margen de mejora. 

Lo explicaba esta semana ante el plenario de las Cortes de Aragón el presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, al presentar la revisión general de 2020: la Administración ofrece innumerables datos, pero resulta insuficiente por culpa de su escasa calidad y su falta de consistencia. Obligados por las normas de transparencia, los gobiernos cuentan con la capacidad de sepultarnos bajo miles de números e informes, pero ¿se garantiza mediante el volumen la correcta fiscalización de la actividad pública? ¿Se responde a los criterios de comprensión y accesibilidad? Peña advertía de las dificultades a las que se enfrenta una institución como la Cámara de Cuentas por culpa de la baja calidad del dato y ponía de manifiesto las horas que deben invertirse en la sistematización y ordenación de toda esta ingente información pública. Aceptando esta evidencia, ¿se imaginan lo difícil que puede resultar esa misma digestión para un particular? Como explica el filósofo Byung-Chul Han en ‘Infocracia’, «la información o los datos por sí solos no iluminan el mundo». En ocasiones, «acrecientan la incertidumbre porque no explican nada».

Falta una mayor cultura de la transparencia. Pese a que debe reconocerse el esfuerzo realizado en Aragón en los últimos años, aún no existe un criterio reconocible y homologado que permita acceder a los datos con la velocidad y seguridad oportunas. No todos los portales de transparencia se muestran conectados entre sí llegando, incluso, a no ofrecer los mismos datos ante las mismas preguntas, una evidencia que lleva a interrogarnos sobre si existe algún tipo de intencionalidad política en la gestión del dato o si la falta de una información consistente responde a un deseo planificado. Desde luego, el juego del despiste siempre beneficia a quien gobierna, aunque en el caso de Aragón solo parece deliberado el desinterés por resolver esta situación.

Mejorar el tráfico de información no debería ser una cuestión insalvable, como tampoco debería serlo impulsar las medidas necesarias para un control que optimizase los estándares de nuestra calidad democrática. En la actualidad, la administración ya cuenta con diferentes organismos que en el terreno de los contratos públicos, por ejemplo, pueden elevar esta exigencia. Sin ir más lejos, el Registro Público de Contratos, pese a encontrarse a la espera de que políticamente se dé la orden para actuar como una referencia única, es una herramienta perfectamente válida.

Defender un tono de exigencia sobre los elementos de gestión es sinónimo de limpieza democrática. La transparencia, indispensable para eludir la sombra de la duda que ampara toda corrupción, requiere de controles sobre la gestión y administración de lo público. Se puede llegar a comprender que en momentos de absoluta excepcionalidad, como fueron los meses más complicados de la pandemia, una administración demande, en aras de una mayor capacidad de respuesta, una flexibilización de los criterios de gestión, pero la agilidad nunca puede ignorar la ineludible rendición de cuentas.

La advertencia lanzada por la Cámara de Cuentas, un organismo que sostiene su credibilidad en su independencia, cobra todo el sentido cuando la maraña dificulta su tarea o cuando el tiempo empleado lo es más para lograr una información completa y comprensible que para controlar una actividad. Convendría que quien gobierna reflexionara sobre el valor y el peso del dato que pone al alcance de los ciudadanos y sobre el desigual reparto de información que ofrecen cada una de las administraciones.