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Discriminación fiscal positiva

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  • EDITORIAL
Contenido exclusivoOPINIÓNACTUALIZADA 15/05/2022 A LAS 05:00
Muchas localidades aragonesas están afectadas por la pérdida de población.
Muchas localidades aragonesas están afectadas por la pérdida de población.
Laura Uranga / HERALDO

La futura Ley de Dinamización Rural, que comenzará a tramitarse la próxima semana en las Cortes de Aragón, incluirá deducciones fiscales para quienes residan en localidades especialmente afectadas por la despoblación.

Esta ‘discriminación fiscal positiva’ puede ser una herramienta prometedora contra el abandono del medio rural, pero su regulación debe armarse jurídicamente con precisión para que no choque con el principio constitucional de igualdad.

Asumiendo el hecho de que residir en localidades que se encuentran en riesgo extremo de despoblación implica un esfuerzo económico especial que debe ser compensado, el proyecto de ley que el Gobierno aragonés presentará a las Cortes incluye deducciones fiscales en los impuestos regulados por la Comunidad autónoma: una parte del de la renta, el de sucesiones y los de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Se ha calculado que estos descuentos supondrán para el erario un coste de unos cinco millones de euros y que beneficiarán a alrededor de 71.000 personas. El alcance, por tanto, es moderado, pero implica un gesto significativo hacia quienes mantienen vivas con su presencia y su trabajo algunas porciones del territorio aragonés. La utilidad de esta ‘discriminación fiscal positiva’ dependerá de la eficacia que tengan el conjunto de políticas contra la despoblación, cuyo eje fundamental debe estar en las infraestructuras, incluyendo las telecomunicaciones, la atracción de inversiones y la prestación de los servicios públicos. Al afectar al ámbito fiscal, el Ejecutivo aragonés tiene que argumentar con precisión su correcto encaje en las competencias autonómicas para evitar recursos del Estado. La despoblación que sufre buena parte de Aragón puede justificar un trato fiscal distinto, cuyo coste asume la propia Comunidad, pero debe regularse con cuidado para evitar abusos y para que no suponga una ruptura del principio de igualdad establecido en la Constitución.

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