Las icónicas torres de la central térmica de Andorra serán historia el próximo viernes, día elegido por Endesa para demoler las estructuras, de 107 metros de altura. 

Por el momento no han trascendido más detalles de la operación –uno de los principales hitos del desmantelamiento junto al desmontaje de la cinta de transporte de carbón–, ya que se quiere preservar al máximo la seguridad. Avanza, pues, la demolición, pero Andorra sigue sin el convenio de transición justa que hace ya varios años anunció la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Nada de lo prometido se ha materializado en proyectos concretos. Solo la eléctrica ha comenzado a desarrollar su plan de acompañamiento. El Gobierno central tiene que concretar de inmediato los planes comprometidos para asegurar el futuro de este territorio.

Con la demolición de las torres de refrigeración, Endesa continúa el desmantelamiento, que se llevará a cabo en un periodo total de 48 meses. En él trabajan desde principios del año pasado unos 200 empleados. Ya en enero se produjo otro hito importante: el desmontaje de la cinta de transporte de carbón, una de las estructuras de mayor dimensión de la térmica. Ahora, la previsión es demoler las torres mediante explosivos y de forma simultánea. En todo caso, lo que inquieta con toda razón tanto en la comarca como en la DGA no es esta demolición, sino que sigue sin llegar el convenio de transición justa que, según la propia ministra, tendría que haberse firmado en el verano de 2019. Sin embargo, la repetición electoral y la pandemia han hecho que los plazos acumulen varios retrasos. No caben más aplazamientos. Sin esa reconversión sociolaboral es complicada la supervivencia demográfica de una comarca emplazada en el corazón de una provincia ya muy castigada por la despoblación.