Reporteros Sin Fronteras presenta hoy su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que analiza la calidad democrática en 180 países y territorios desde la perspectiva de un derecho fundamental: la libertad de información.

Publicada cada año desde 2002, los resultados de esta clasificación se evalúan a través de un listado cuantitativo de los ataques cometidos contra periodistas y medios de comunicación y de las repuestas de un amplio cuestionario de 123 preguntas que ha sido contestado por cientos de expertos y observadores entre los que destacan periodistas, académicos y defensores de derechos humanos. Junto a los datos individuales de cada país se presentan análisis globales y regionales que ofrecen un panorama mundial de la libertad de información.

La Clasificación es encabezada por tres países nórdicos europeos (Noruega, Dinamarca y Suecia), considerados modelos de libertad de expresión, que junto a Estonia, Finlandia, Irlanda, Portugal y Costa Rica, forman la élite mundial donde más se respeta el periodismo.

Hasta 28 países se incluyen en la llamada lista roja, formada por aquellos que sufren una situación ‘muy grave’, entre los que destacan Bielorrusia y Rusia. Entre los países más represivos para la prensa, Birmania ha descendido decenas de puestos tras el golpe de Estado de febrero de 2021, y disputa los últimos puestos con Eritrea, Irán, Turkmenistán, China y Corea del Norte, el farolillo rojo de la clasificación.

España ha retrocedido tres lugares hasta el puesto 31. Reporteros sin Fronteras (RSF) afirma que «el clima de violencia contra los periodistas se ha relajado con la desactivación del conflicto catalán y no se ha visto tan afectado como en otros países en manifestaciones contra las restricciones de la pandemia». Aunque la organización asegura que existe un auge del acoso y linchamiento en las redes sociales e incide en que la gran polarización política en nuestro país también ha desembarcado en los medios de comunicación con un avance contaminante de la opinión sobre la información.

RSF recuerda las acusaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha recibido por parte de varios medios de comunicación por «la falta de transparencia en la gestión informativa de la pandemia» y hace hincapié en el comportamiento de Vox, partido de ultraderecha, «al señalar y acosar sin pudor a periodistas que considera molestos». Aunque también afirma el informe que, en materia de seguridad de los periodistas, España está claramente mejor calificada que Reino Unido, Francia o Alemania.

Las fuerzas de seguridad siguen utilizando los artículos más polémicos (en trámites parlamentarios para ser derogados) de la llamada ‘Ley Mordaza’, para sancionar a periodistas que realizan su trabajo en la calle. El artículo de esta ley retrógrada que penalizaba la captación de imágenes por la prensa ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Otro aspecto que preocupa mucho a la organización es la fuerte concentración de los medios privados en un puñado de empresas que «se traduce en cierta opacidad sobre las influencias reales que ejercen sus propietarios sobre los agentes públicos y que afecta también a la falta de transparencia de las inversiones en publicidad de las administraciones públicas y de las grandes empresas españolas».

También preocupa mucho la proliferación en España de «las acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor». La organización recuerda los casos sufridos por ElDiario.es (Caso Master, Cristina Cifuentes), Infolibre (denunciado por Teodoro García Egea y Javier López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia) o El Confidencial (demanda millonaria de Iberdrola). O los procesos judiciales abiertos contras periodistas durante la cobertura de manifestaciones en los que «la versión policial prevalece casi por sistema». Según RSF, «el fin de las acciones judiciales abusivas no es tanto lograr una condena difícil contra la prensa en democracias consolidadas, como ‘enredar’ a los periodistas en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos».