Es la recta final, el principio de una etapa política que no durará más de un año y que concluirá con la celebración de las elecciones autonómicas y municipales. 

Afectados por la gripalización de la pandemia y por una tasa de inflación que condicionará la actividad económica, los partidos aragoneses se juegan buena parte de su futuro en estos próximos doce meses. Un año de una especial actividad, plagado de ineludibles decisiones políticas y que en el caso de más de una formación marcará la diferencia entre su desaparición o su continuidad.

La inercia de lo nacional empujará hacia una mayor tensión entre PSOE y PP. La irrupción de Alberto Núñez Feijóo, que incorpora el convencimiento de los populares de verse por primera vez como una alternativa sólida a Pedro Sánchez, reactivará una maquinaria electoral que con Pablo Casado hubiera sido puesta a prueba por tercera vez. Las casi seguro anticipadas elecciones andaluzas, que además de servir de presentación electoral de Feijóo permitirán seguir viendo la evolución del crecimiento de Vox, marcarán una tendencia de la que Aragón no logrará escaparse. Un PP en alza, presidido por un Feijóo que imprime una mayor complejidad a las relaciones con el Gobierno –tal y como pudo observarse el pasado jueves en su primer encuentro con Pedro Sánchez– ayudará a decidir el destino de Jorge Azcón. Porque, al margen de lo que señalen las encuestas, Azcón contará con la ventaja de saber que en su decisión de continuar en el Ayuntamiento o aspirar a la DGA no primará la defensa del poder orgánico de Génova ni la del presidente nacional de su partido.

Con todo aún por decidir, y mientras el PSOE continúa dándole vueltas a quién puede convertirse en su cabeza de cartel del Ayuntamiento de Zaragoza, el Pignatelli seguirá limando su carga ideológica para anteponer su capacidad gestora. Porque la nueva política autonómica ha terminado por medirse en clave de anuncio, asentando su éxito sobre la captación y llegada de nuevas inversiones. De hecho, gran parte de la tensión institucional que se descubre entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza tiene su origen en una rivalidad mal entendida que cuestiona autorías y protagonismos. La incorporación de esta vara de medir ha situado al Ejecutivo regional frente a su propio espejo, fijando como sinónimos términos como gestión y acción política. Es así como se entiende que, después de que la fábrica de baterías de Volkswagen haya terminado recalando en Sagunto, la DGA, que pública y privadamente había cultivado en exceso la expectativa, se haya visto obligada a justificarse para frenar la crítica política.

El último año de la legislatura, igualmente, quedará marcado por el resultado final del conflicto abierto con Cataluña por la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. Lambán, que sabe que no puede ceder ante la Generalitat y colocar a Aragón en un plano de inferioridad (sería una torpeza política que arruinaría todas sus posibilidades electorales), también camina sobre el riesgo que implica dejar al sector de la nieve sin esta gran oportunidad. Del resultado de estas conversaciones, en las que el Comité Olímpico Español (COE) se ha convertido en un actor que ha abandonado la complicidad que explicitó en el pasado con Aragón, se hablará –tanto para bien como para mal– largo y tendido en los próximos meses, pudiendo incluso condicionar la cohesión interna del PSOE aragonés.

Lo que seguro que será un generador de ansiedad política en todas las formaciones será la irrupción de Teruel Existe. La formación de Tomás Guitarte buscará hacerse con un hueco modificando el actual equilibrio y adquiriendo, según anticipan las encuestas, un protagonismo del que puede que dependa el próximo gobierno y hasta el destino de partidos como el PAR o Ciudadanos.