A vueltas con Motorland
Si hay un debate recurrente en Aragón, que aparece y desaparece, éste es la existencia de Motorland.
Estos días el circuito aragonés ha vuelto a ser noticia por el informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón. Esta institución constata algunas cosas que ya sabíamos: la instalación deportiva necesita del dinero público para su funcionamiento. En la medida que se realizan grandes premios internacionales, el canon debe aportarse como financiación pública extraordinaria cada año. Es algo que sucede en el resto de los circuitos de España. Todos ellos necesitan de la administración autonómica para su funcionamiento. El modelo de negocio que hay detrás de un circuito de velocidad que alberga competiciones internacionales solo es viable con financiación pública. Motorland no es una excepción en ello.
Pero en esta ocasión, el informe de la Cámara de Cuentas va mucho más allá y cuestiona el proyecto de Motorland. Concluye que esta inversión no tiene la rentabilidad económica y social esperada: "No se observa un impacto destacable de la construcción y puesta en marcha del circuito en la evolución demográfica" de la zona y "las cifras de paro evolucionan en función de la situación económica del país y tampoco se aprecia una cifra considerable en su comportamiento".
He leído con mucho detenimiento todo el informe y creo que, si bien es excelente en la parte de la auditoría de cuentas, los procesos de contratación o en el análisis del plan estratégico, considero que sufre notables carencias en el estudio de la repercusión económica y social para el norte de la provincia de Teruel. Vayamos por partes.
Es cierto que el Bajo Aragón ha perdido población desde 2009, año en el que se puso en funcionamiento Motorland. Pero no ha sucedido nada distinto a lo ocurrido en los 212 municipios de los 236 que tiene la provincia de Teruel. En la última década, casi el 90 por ciento de las poblaciones turolenses han perdido habitantes. De hecho, el descenso en el conjunto de la provincia ha sido de más del 8 por ciento, cuando en la comarca del Bajo Aragón esta cifra es del 5,5 por ciento y algunos municipios como Alcañiz casi no han perdido habitantes, teniendo en los últimos años una evolución positiva en crecimiento demográfico.
Dentro de los municipios que analiza la Cámara de Cuentas, donde realmente se ha perdido población ha sido en la comarca vecina de Andorra-Sierra de Arcos. Allí el descenso poblacional es de más del 16 por ciento, el doble que en la provincia, con algunos municipios como Alacón, Oliete o Ariño con pérdidas de habitantes próximas al 30 por ciento. Esta comarca ha tenido históricamente una fuerte dependencia del sector minero-eléctrico. El cierre de las minas y de la central térmica de Andorra están arrastrando al conjunto de la comarca. Por ello, en la medida que el informe de la Cámara de Cuentas incluye a estos municipios como zona de influencia de Motorland, no parece muy riguroso imputar al circuito de velocidad escasos efectos en el mantenimiento de la población. Más bien todo lo contrario, quizás el descenso en la comarca del Bajo Aragón sea menor a otros lugares de Teruel gracias a este proyecto estratégico.
El informe de la Cámara de Cuentas también llama la atención sobre el escaso impacto en el empleo. Considero que esta afirmación se realiza sin entrar en un análisis riguroso de lo ocurrido en estos años. El norte de la provincia de Teruel ha asistido a dos profundas crisis que le han hecho perder más de 700 empleos directos con solo dos empresas. Por un lado, el sector de la construcción se derrumbó a partir del 2010 y arrastró a grandes empresas como el grupo Alcance, que tenía más de 300 trabajadores y realizó importantes obras a nivel nacional como la esquina del Bernabéu, la ampliación del estadio del Madrigal (Villarreal) o el campo de fútbol del Alcoraz (Huesca). No era, por lo tanto, un empresa cualquiera dedicada al prefabricado. La crisis de la construcción, además, arrastró a más pequeñas empresas. El mismo informe de la Cámara de Cuentas reconoce que el sector de la construcción pasó del 19 al 8 por ciento del PIB en el Bajo Aragón.
Por otro lado, la crisis del sector minero-eléctrico por el cierre de las minas y de la central térmica de Andorra ha hecho perder en empleos directos más de 400 puestos de trabajo. El informe de la Cámara de Cuentas muestra que este sector industrial ha pasado 23 por ciento del PIB al 10 por ciento en el conjunto del Bajo Aragón.
Así, a pesar de ambas crisis, con un fuerte impacto en los empleos de la zona, el número de puestos de trabajo ha subido en algunas poblaciones como Alcañiz: en 2010 había 6.578 personas afiliadas a la Seguridad Social y hoy son más de 6.600.
Es posible que muchos vean en estas cifras avances más bien modestos. Pero una vez puestos en contexto (lo sucedido en el resto de la provincia y las dos profundas crisis de esta década que han afectado al Bajo Aragón), la pregunta que surge es: ¿qué habría sido de esta parte de la provincia de Teruel sin Motorland? Afirmar que no ha tenido efectos en el mantenimiento de habitantes o en la generación de nuevos yacimientos de empleos, considero que no es muy riguroso. Una cuestión distinta es preguntarse si las zonas despobladas solo pueden desarrollarse con modelos de negocio que tengan una fuerte dependencia del dinero público. Pero esa cuestión ni si quiera se plantea hasta la fecha en el debate público, algo que sería de gran interés.
