Hay dos sucesos que, contra toda evidencia, pueden compartir un denominador común: el niño de Canet y las polémicas declaraciones de la consejera Repollés.

En el caso Canet, el TSJ catalán, como viene haciendo desde 2015, obligó a una escuela a impartir el 25% de las clases en castellano –y hay quien ve en ello una intromisión de la Justicia en la esfera política–. En el caso Repollés, la consejera criticó una presunta politización del TSJ aragonés respecto a las medidas anti-covid impulsadas por su departamento.

En Cataluña, el TSJ se ha visto en la tesitura de tener que fijar el antedicho porcentaje ante la reiterada inacción del legislador estatal (Ley Wert, Ley Celaá), que es el competente para establecer las bases en materia educativa. El ensordecedor silencio de las Cortes Generales es el que obligó al TSJ a tomar, no por voluntad propia, una decisión poco jurídica. ¿Por qué el 25 y no el 18, o el 50, que serían igualmente compatibles con los compromisos internacionales asumidos por España?

En lo que respecta a las medidas anti-covid, la única decisión que ha tomado el legislador estatal, que por lo demás ha mantenido también un sepulcral silencio, fue convertir a los TSJ en co-gobernadores; poniendo a estos órganos judiciales en una peliaguda posición institucional. Sin embargo, hay que subrayar que el TSJ aragonés, lejos de entrar a este juego, ha sido el único que, con un planteamiento exquisito, ha cuestionado ante el Tribunal Constitucional la licitud de esta medida.