Lealtad institucional
El pulso entre la DGA y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a costa de la covid-19 suma un nuevo capítulo: los jueces han rechazado la alegación del Gobierno contra el auto, dictado el pasado día 17 de diciembre de 2021, que suspendía parcialmente la ampliación del certificado covid a gimnasios, cines y restaurantes con aforo para más de 50 personas. El nuevo auto se ha hecho público dos días después de que HERALDO publicase una entrevista con la consejera de Sanidad en la que criticó la supuesta falta de independencia de los jueces al bloquear algunas de sus medidas contra el coronavirus. Este clima de disenso que está marcando la gestión de la pandemia desde hace casi dos años no beneficia a nadie.
Ambas partes lo niegan, pero el desencuentro de los gobernantes y los jueces en Aragón es evidente. La gestión de las siete olas es una concatenación de choques, bien sea por las restricciones y los confinamientos, bien por los toques de queda y la implantación del pasaporte covid. Apenas 48 horas después de publicarse las desafortunadas declaraciones de la consejera Repollés, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA da una nueva vuelta de tuerca con otro varapalo a la DGA.
Está claro que el Poder Ejecutivo y el Judicial tienen que desempeñar las funciones que les asigna la Constitución con independencia y eficacia. No caben, pues, componendas. Los gobernantes ejecutan políticas y los jueces vigilan que no se salgan del marco de la ley. Ahora bien, sí debe haber también lealtad institucional entre ambos poderes. La lucha contra una pandemia tan letal como la de la covid ha llevado ante el TSJA asuntos demasiado sensibles como para validar o rechazar secamente los recursos del Gobierno de Aragón. El Tribunal debe dar una oportunidad a la visión constructiva para establecer, si la hay, la lectura correcta entre las posibles.
