Vulnerados

La nuestra es una sociedad sin privilegios estamentales y con derechos humanos. 

Por ello, los inmigrantes no legalizados son también titulares de los derechos fundamentales y disfrutan del acceso a los derechos sociales básicos (educación, sanidad y servicios sociales). Ahora bien, estas indudables conquistas generan un efecto contraproducente. Como la exclusión ya no se considera un elemento consustancial o inherente del programa social, tendemos a relajar la observación de las formas de discriminación, debilitando así nuestra mirada crítica. Esta hipermetropía social que padecemos nos hace ser más insolidarios con los más próximos.

Por otro lado, ya no existe una política integral contra la pobreza. Se ha desglosado en decenas de tipos (infantil, energética, nutricional, habitacional, educativa, menstrual, rural, relativa, estructural…). Se ha renunciado, por tanto, a desarrollar una política destinada a propiciar una auténtica integración social y, cuando sea posible, laboral. El resultado es que la pobreza se está cronificando y los hijos la heredan de sus padres. A ello se une que algunos contemplan el Estado social como un ‘bazar de todo a cien’, del que, con harta frecuencia, se abastecen los más avispados o los mejor organizados, en detrimento de los realmente necesitados.

Las políticas sociales ofrecen protección y seguridad a cambio de paz social, aunque sea a costa de desincentivar los mecanismos que provocan la movilidad social, aunque sea generando sociedades cada vez más estratificadas, en las que el ascenso y el descenso social son movimientos atípicos. Por ello, es preciso replantearse algunas cuestiones esenciales. En las sociedades industrializadas hay más marginados que pobres. La pobreza puede medirse exclusivamente en términos monetarios, pero no ocurre lo mismo con el sentimiento de marginación o vulnerabilidad. En las sociedades avanzadas, sobre todo, este sentimiento es una relación entre personas y, en consecuencia, un estatus social.

Para más inri, el sentimiento de postración y la sensación de desamparo ante la acción pública se extienden a individuos de todas las clases sociales. Pobres obesos y ricos deprimidos conforman un paradójico paisaje social. Estamos generando una sociedad en la que todos nos consideramos vulnerables, aunque sólo unos pocos padecen, realmente, la auténtica condición de vulnerados.

Hoy en día, todas las políticas sociales, incluidas la de más calado asistencial, van dirigidas al conjunto de la población. El ciudadano se ha convertido en una especie de ‘cliente’, que reclama más y más derechos, exentos, por supuesto, de cualquier contrapartida en forma de obligación o carga. Mientras el cliente esté satisfecho, el sistema no se resiente. De ahí que las campañas electorales deriven en una subasta de futuras prestaciones.

Por otro lado, tanto la fortuna como el infortunio se han convertido en fuente de derechos. Las diferentes Administraciones pública se colocan en la posición de deudoras últimas de los daños producidos por cualquier contingencia que acontezca, aunque las consecuencias del desastre ‘natural’ se hayan incrementado por la ‘artificial’ desfachatez de algunas compungidos perjudicados.

Todo ello lastra las cuentas públicas, máxime cuando los diferentes grupos y colectivos sociales pugnan por su visualización en el presupuesto, obviamente como beneficiarios de determinadas partidas de gasto. Esta situación la describió, con especial agudeza, el profesor Fuentes Quintana en una conferencia pronunciada en Guadalajara, allá por 1995: "Entre nosotros se abomina del déficit; pero, sin embargo, amamos apasionadamente cada partida de gasto relacionada con nuestros intereses. Amor por los sumandos y odio a la suma crean una situación esquizofrénica, que necesita un tratamiento radical".

Este estado de cosas no puede entenderse sin el relevante papel que asumen las minorías sociales activas, las ‘inmensas minorías’, frente a una ‘insignificante mayoría’, que observa y calla. Pero eso es harina de otro costal.