La crisis energética
Si bien la crisis energética actual y la crisis del petróleo de 1973 tienen causas distintas, se puede establecer entre ellas una analogía terrible: la de sus consecuencias en el bolsillo de las familias y las empresas en términos de inflación y desempleo.
En la crisis de 1973 los países dependientes del petróleo adoptaron dos tipos de políticas para contener la inflación. Por un lado, subieron los salarios y, por otro, se facilitaron créditos a las empresas para paliar el terrible coste energético. Las consecuencias fueron más inflación y más desempleo, y las clases medias trabajadoras sufrieron una década de convulsión social y retroceso económico. Margaret Thatcher y Ronald Reagan dieron paso en los años 80 a políticas liberales (o neoliberales, como dirían los iliberales) de contención de gastos y costes que paliaron la sangría, fortalecieron la economía familiar de la clase trabajadora y crearon empleo. O mejor dicho, crearon empleo y de ahí todo lo demás. En España, hoy, la inflación está desbocada. No es casual que las cifras sean coincidentes con las de la setentera crisis del petróleo ni que el dato adelantado del IPC al cierre del 2021 sea la tasa más elevada en tres décadas. Tampoco es casual que coincida con un periodo en el que la electricidad ha marcado precios récord.
Estamos ya viviendo una crisis que puede no tener precedentes en Europa y que daña a las clases medias y desfavorecidas. La inflación es el más terrible impuesto contra los trabajadores y el empleo. La inflación es una máquina de pobreza. En este inicio de la crisis, los gobiernos europeos actúan de manera diversa, salvo el Gobierno español, que no actúa y cuyo presidente está más centrado en jugar con las matemáticas de la factura de la luz que en cambiar los números que las familias y empresas recibimos con esa factura. Fracasará, porque la aritmética es un juez que no puede ser de parte.
Macron, en Francia, es el primer líder europeo que ha cogido el toro energético por los cuernos y centra ahí su acción: lleva un trimestre trabajando en un diseño energético que pasa por fortalecer un sistema de nuevas y modernas centrales nucleares, mientras ha trabajado junto con otros países, y en el seno de la Comisión Europea, una propuesta para que las inversiones en energía nuclear y gas natural se consideren verdes, es decir, sostenibles en la transición ecológica. La coalición PSOE-Podemos no tardó ni veinticuatro horas en sacar a relucir sus fetiches ideológicos y anunciarnos su ‘nucleares, no’. Si hubiesen invertido tres minutos en leer lo que ha tenido en cuenta Bruselas para valorar la energía nuclear y el gas natural como sostenibles verían que la propuesta se centra en "el asesoramiento científico y el actual progreso tecnológico, así como los diferentes retos hacia la transición entre los Estados miembros", y que la Comisión Europea otorga al gas natural y a la nuclear el papel de ser medios en la transición energética para facilitar el fin último, que no es sino "un futuro basado predominantemente en las renovables".
El discurso político en materia de energías renovables se centró en sus orígenes en su propia conveniencia e influencia en la descarbonización del planeta. Del argumento ecológico y de su contribución en la salud del planeta, se pasó a discutir su diseño, el gran papel que deben jugar las ciudades, e incluso es hoy materia debatida y rebatible su impacto en el paisaje y en los territorios. Esto lo ha contado ya muy bien Genoveva Crespo en distintos artículos. Pero hoy los líderes europeos están preocupados en que la transición energética no la paguen las clases medias y trabajadoras con precios disparatados y pérdida de sus empleos. Una preocupación que, por desgracia, no se percibe en el Gobierno de España. A pesar de que en el análisis ‘Which economies have done best and worst during the pandemic?’, publicado por ‘The Economist’, España ocupa el puesto 23 de 23. Ahí sí se puede decir que el Gobierno no deja a nadie atrás.
La progresiva incorporación de energía eólica y fotovoltaica va a paliar, sin duda, la subida del recibo de la electricidad. Pero los ritmos de implantación de las nuevas producciones energéticas son más lentos que el ritmo de deterioro de nuestra economía. Más aún en un país como el nuestro que depende en un 73% de la energía que compramos fuera de España. La inflación se puede convertir ya en el próximo trimestre en una potente destructora de empleo. No trabajar sin descanso por incorporar nuevas fuentes de energía verde dejará a nuestro país como líder indiscutible de la inflación y el paro europeos. Está en juego el futuro de familias y trabajadores. Suenan con fuerza las alarmas. Los primeros signos que llegan desde la Moncloa no pueden ser más desalentadores.
