Pedro Sánchez ha anunciado que España, uno de los países de Europa donde más caros son los test de antígenos, regulará finalmente su precio. Al mismo tiempo se ha sabido que el Gobierno es partidario de comenzar a tratar la covid como se hace con la gripe: sin contar cada caso y sin hacer pruebas ante el menor síntoma. A la primera decisión llega tarde; respecto a la segunda, la pone sobre la mesa demasiado pronto. El control de precios de los test se necesitó en Navidades, cuando la demanda agotó las pruebas en las farmacias. Ahora tiene menos sentido, como menos oportuno resulta también plantear hoy, cuando la séptima ola sigue creciendo día a día en contagios y hospitalizaciones, la posibilidad de tratar la covid como una enfermedad respiratoria más. Cada cosa a su tiempo.

Los test se han convertido en un bien de primera necesidad para facilitar el autodiagnóstico y contener en lo posible el nuevo pico de la pandemia. Aunque no es del todo fiable por la posibilidad de falsos negativos, esta prueba fue durante las Navidades una herramienta útil para mantener los encuentros familiares con menos incertidumbre. Pero los ciudadanos se encontraron con problemas de desabastecimiento y de elevados precios. La reacción del Gobierno central no estuvo a la altura de lo exigible ante una población desconcertada por la rapidez de los contagios. Solo ahora, cuando el suministro se ha normalizado y los precios están volviendo a bajar, Pedro Sánchez anuncia medidas de control. La falta de reflejos es notable.

A la hora de actuar contra los efectos de la séptima ola, las comunidades autónomas han tenido que adoptar las decisiones más comprometidas (horarios y aforos) mientras la Moncloa se ha limitado a anunciar a bombo y platillo medidas de escasa efectividad (el uso de mascarillas en exteriores) o decisiones que llegan tarde (limitar los precios de los test).