¿A dónde va el dinero?
A raíz de la crisis de la covid-19, el Gobierno de España ha aprobado la mayor transferencia de recursos a las comunidades autónomas al margen del sistema de financiación.
En 2020 recibieron del Fondo Covid-19 un total de 16.000 millones de euros. Dentro de este fondo, dos tramos (un total de 9.000 millones de euros) se dirigían específicamente al incremento del gasto sanitario originado por la crisis pandémica. También se preveía un tramo educativo, dotado con 2.000 millones de euros, que se repartió con el objetivo de paliar el incremento del gasto educativo autonómico. En 2021, el Gobierno aprobó otro Fondo extraordinario de 13.486 millones de euros repartidos entre las CC. AA. en dos fases (el 70% en septiembre de 2021 y el 30% en noviembre de 2021). Para 2022 los presidentes autonómicos ya están pidiendo otro fondo extraordinario que el Gobierno se resiste a aprobar.
En los Estados federales -y también en nuestro Estado autonómico- son habituales este tipo de transferencias a los territorios al margen del sistema de financiación. En España, en el ámbito sanitario, el Gobierno central aprobó en 2008 la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para la promoción de actividades para la salud bucodental infantil. En el ámbito educativo, el Gobierno central creó en 2008 un Plan de impulso de la Educación Infantil 0-3, conocido como Plan Educa-3 o, en 2009, el Plan Escuela 2.0 para el desarrollo de las TIC. La nueva Ley Celaá prevé también incentivar mediante este tipo de transferencias a las autonomías la educación infantil de primer ciclo. Según el Informe Fideas (2019), este tipo de programas estatales han tenido un impacto positivo en la reducción de las desigualdades territoriales.
En crisis económicas y sanitarias como la de la covid-19 este tipo de transferencias todavía está más justificado. Se han producido en todos los Estados federales. En EE. UU., a finales de marzo de 2020, el Congreso superó la polarización partidista y aprobó un importante estímulo económico para la sanidad, la protección laboral y la recuperación económica. También el gobierno canadiense ha aprobado ambiciosos programas de gasto, siendo Canadá uno de los países que más ha hecho uso del gasto para contener los estragos de la covid-19. Igualmente, Alemania, ya en el mes de marzo de 2020, aprobó en el Parlamento importantes medidas financieras directas para apoyar a las pequeñas empresas y a los hogares con ingresos limitados, así como planes de garantía para las grandes empresas.
No obstante, una de las cuestiones clave para la eficacia de este tipo de medidas es el control sobre el destino final de esos fondos. Es decir, si los territorios realmente invierten el dinero donde se supone que deben hacerlo. En España y respecto a las transferencias a raíz de la covid-19, las comunidades han señalado que los recursos se han gastado en aumentar plantillas en sanidad y educación, en equipos y pruebas contra la covid, inversiones en centros sanitarios o ayudas sociales a personas que no han podido beneficiarse del ingreso mínimo. Pues bien, según datos del Ministerio de Hacienda, las comunidades autónomas no han invertido todo el dinero que les ha dado el Estado en los gastos derivados de la covid-19. Un total de 3.000 millones de euros no se sabe a dónde han ido a parar. No estaría de más que antes de pedir más dinero al Estado invirtieran esos 3.000 millones en atención primaria, que es lo que parece ahora estar desbordado, o que el Estado exigiera de las comunidades autónomas una rendición de cuentas y que, en caso de no invertir donde deben, deban reembolsar el dinero. Esta es la práctica habitual en otros Estados federales y una exigencia mínima de transparencia en los sistemas democráticos.
Eva Sáenz Royo es #profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza
