Pedro Sánchez cierra el año con la luz verde definitiva a los Presupuestos de 2022 y con la aprobación en el Consejo de Ministros de la reforma laboral. España cumple así el compromiso, de actualizar la legislación laboral, adquirido con la UE para poder acceder a las ayudas del plan de recuperación. No obstante, esta reforma aún necesita que el Parlamento convalide el real decreto-ley. Para ello, el Gobierno negocia con los grupos bajo la presión de los empresarios, que, con toda lógica, se niegan a cambiar «ni una coma» del acuerdo alcanzado. Sánchez, que no cuenta esta vez con el respaldo de algunos de sus socios (PNV, Esquerra y Bildu), está obligado a lograr los apoyos suficientes después del esfuerzo hecho por la patronal y los sindicatos para alcanzar el pacto.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la primera gran reforma laboral consensuada con los agentes sociales desde que en 1980 se aprobase el Estatuto de los Trabajadores. El consenso de 2006 fue para cambios de menor calado. Entre los principales hitos que recoge el texto está una regulación más estricta de la contratación temporal. El exceso de temporalidad es un problema del mercado de trabajo español que Europa urgía a corregir, y ahora se aborda sin comprometer la flexibilidad. El acuerdo simplifica los contratos temporales, recupera la ultraactividad indefinida y devuelve preponderancia al convenio sectorial en materia salarial. Los sindicatos recuperan poder de negociación, pero la empresa conserva la capacidad última de decisión sobre la organización del trabajo, como es razonable.

El Gobierno ha dado tres meses a las empresas para que adapten los contratos temporales a la nueva norma, pero el propio Ejecutivo también debe cumplir con su obligación de lograr un respaldo parlamentario suficiente y que no altere lo pactado con gran esfuerzo por los agentes sociales.