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la firma

Confusión de papeles

Contenido exclusivoOPINIÓNACTUALIZADA 19/12/2021 A LAS 09:41
Fachada de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Confusión de papeles.
Guillermo Mestre

Convertido en un goteo incesante, de aspecto torrencial desde los últimos días, crecen sin freno y de manera alarmante los casos de la covid en Aragón. 

Se repite lo ya vivido en las distintas olas, paso por paso, aunque el crecimiento de la curva de contagios, aún sin una plena extensión de la variante ómicron, no logra sosegar el enfrentamiento entre el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y el Gobierno autonómico.

Dijeron los jueces que no querían gobernar, que no deseaban convertirse en lo que no eran, y han terminado por matizar hasta el detalle las decisiones de perfil técnico del Ejecutivo. Los propios magistrados han desdibujado su papel, pasando de decidir si se ajustaban a derecho las medidas de control propuestas por la DGA a fijar fechas de aplicación y lugares donde debe ser requerido el pasaporte covid. El auto emitido el pasado viernes por el TSJA ofrece un resultado que, sin destacar las dudas legales que arrastra la medida, opta por adentrarse en una idoneidad sanitaria que solo profundiza en la controversia. La independencia judicial, que pudo verse atacada en un primer momento y que sirvió bajo una cuidada justificación legal para frenar muchas de las actuaciones propuestas por el Ejecutivo autonómico, ha construido un desconcierto que solo confirma un incomprensible solapamiento de papeles.

Los últimos posicionamientos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) sobre las medidas adoptadas por la DGA para el control de la pandemia entran en detalles técnicos
que no guardan relación con el ámbito de decisión de los jueces

Este enredo, que hace mención a las diferencias entre el TSJA y el Gobierno de Aragón y que solo se comprende bajo una defensa de los respectivos espacios ante toda intromisión, impide que el ciudadano observe una mirada complementaria dentro del Estado de derecho mientras eleva al pasaporte covid a la condición de gran antídoto frente a la pandemia. El devenir del conflicto ha convertido al salvoconducto en una respuesta en exceso amplificada que no guarda correspondencia con su efectividad real. La insistencia de la DGA en la bondad de la medida es tal que, en un ejercicio de calculada presión, anunció el jueves, un día antes del pronunciamiento del Tribunal, que en el supuesto de que fuera suspendida la ampliación del pasaporte se vería obligada a aplicar nuevas limitaciones en la movilidad y los horarios. El argumento, que sirvió para que, nuevamente, se fijase un interesado cruce de responsabilidades que en este caso aliviaba de presión a la DGA frente a los sectores afectados, convertía la palanca de las restricciones en un mal al que se vería obligado a recurrir el Gobierno si el TSJA terminaba tumbando todas las opciones de aplicación del pasaporte.

Sin demasiadas dudas sobre la impopularidad que acarrean las medidas de control, el TSJA ha evolucionado de forma incomprensiblemente cambiante desde sus primeras decisiones hasta las actuales o, en su defecto, ha terminado por mostrarse en exceso permeable ante las objetivas presiones que rodean la lucha controla la pandemia. No cabe duda de que las diferencias de interpretación siempre existen, pero quizá el papel que se ha terminado por asignar a los jueces en esta pandemia, o que ellos mismos han asumido por una clamorosa incomparecencia del poder legislativo, se encuentre en el origen de este desconcierto. Sin ningún amparo normativo nacional se ha buscado en los tribunales una resolución que ha generado no solo un solapamiento, sino también una confusión de papeles. 

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