El Gobierno de Aragón contempla la posibilidad de restringir la movilidad y los horarios para contener el aumento de contagios de coronavirus si la Justicia no permite ampliar el pasaporte covid a gimnasios, cines, residencias y hospitales. La situación sanitaria no es alarmante, pero sí preocupante. Después de veinte meses de pandemia, que ha causado ya más de 4.000 muertes en la Comunidad, los riesgos que de ella se derivan son bien conocidos. También lo es la necesidad de tomar precauciones, sobre todo ahora que se

aproximan las celebraciones sociales típicas de la Navidad. Mas allá de las normas impuestas por las autoridades sanitarias, los ciudadanos tienen que hacer una nueva demostración de civismo extremando al máximo su protección.

La coyuntura, ciertamente, es inquietante, tanto por el incremento de casos de la covid como por la confluencia de varias circunstancias que complican la lucha contra el virus: la llegada de la variante ómicron, que se suma a la delta; la coincidencia con la epidemia de gripe común; la efectividad decreciente de las vacunas recibidas meses atrás, y, sobre todo, la proximidad de las fechas navideñas, con su cúmulo de fiestas familiares y laborales, que son ocasiones propicias para el contagio. En estas circunstancias es lógico que se piense en adoptar algunas restricciones sociales.

Los recientes casos de contagios de grupos que se han juntado en cenas y fiestas demuestran que toda precaución es poca. Las medidas de protección van desde las vacunas a los tests de antígenos u otras pruebas, pasando por las asociadas a las costumbres profilácticas más elementales, pero no por ello menos efectivas. Es decir, el uso de la mascarilla en cualquier situación de riesgo, el mantenimiento de las distancias en las reuniones, la limitación de las interacciones personales y la ventilación de los locales.